Borràs da marcha atrás, ERC respira

Ni 48 horas ha durado la rebeldía de Laura Borràs, la gran esperanza del independentismo radical. La presidenta del Parlament, que amagó con desobedecer a las instituciones del Estado para retener el escaño de un diputado inhabilitado, comenzó ayer a recular. Tras prometer que los derechos de Pau Juvillà (CUP), condenado por desobediencia, quedarían intactos, ayer le impidió votar en el pleno convocado precisamente para aprobar un dictamen favorable a la retención de su escaño.

De facto, la decisión de Borràs supone acatar la resolución de la Junta Electoral Central (JEC), que exige retirar el escaño a Juvillà. Y repetir el mismo proceso que acabó con el mandato del expresidente Quim Torra, para satisfacción de ERC, doblemente aliviada, pues si Borràs recula, se despejan muchos problemas jurídicos y políticos para los republicanos. Se apuntala, eso sí, la fractura del "52%" independentista, pues la CUP, indignada con Borràs por esa marcha atrás en la defensa de su compañero, no votó el dictamen. A Juvillà se le impidió delegar el voto y su nombre ya no aparece en la web de la Cámara catalana, pero es que, además, parece que los servicios del Parlament ya le han notificado extraoficialmente que no cobrara la nómina en febrero. Los antisistema están enfrentados ahora con Borràs, después de haber plantado una reunión del presidente Pere Aragonès por la detención de activistas antidesahucios.

Eulàlia Reguant (CUP) interviene en el Parlament ante la mirada de Laura Borràs / PARLAMENT

De hecho, ese documento, aprobado en un pleno extraordinario que ponía fin a 28 horas de suspensión de la actividad parlamentaria, ya auguraba que la presidenta de la Cámara catalana no cumpliría sus amenazas, pues el texto sancionado por la Comisión del Estatuto de los Diputados establecía que "las fuerzas políticas del Parlament consideran que el límite a la desobediencia política a la represión del Estado pasa por preservar a los funcionarios de cualquier tipo de responsabilidad penal y contable por la que puedan ser perseguidos".

Una coartada que permitía a Borràs rebajar las expectativas sobre su supuesto desacato. Como ayer se visualizó en un Pleno donde los cupaires expresaron su enfado ante lo que calificaron de “normalización de la represión”. Por el contrario, los partidos de la oposición pasaron de la indignación por la suspensión de la huelga independentista, a la hilaridad por la “desobediencia ficción” y a la “magia Borràs” (David Cid, En Comú Podem) --un conocido juego infantil de finales de los años 70-- que emplea la neoconvergente.

"Infantilismo", "trumpismo", "esperpento"...

“Infantilismo” (Alejandro Fernández, PP), “trumpismo” (Carlos Carrizosa, Ciudadanos) o “esperpento" (Alícia Romero, PSC-Units), fueron algunos de los calificativos oídos en la sesión plenaria. Por su parte, Junts per Catalunya (JxCat) echó balones fuera y reprochó a los socialistas que no hayan pedido perdón por la aplicación del artículo 155, mientras critican el cierre del Parlament de Borràs. Lo hizo a través de Francesc de Dalmases, que mantiene una estrecha amistad con su excompañera de war room, Laura Borràs, por lo que era improbable que admitiera el pinchazo en el desafío al Estado.

Mucho más prudentes se mostraron los republicanos, conscientes de que los amagos de desobediencia de Borràs suponían un doble dardo envenenado contra el presidente Pere Aragonès y su estrategia de diálogo con el Gobierno español. Jurídico y político. Desacatar las órdenes de la JEC y la Justicia --el Tribunal Supremo tiene que resolver el recurso presentado por el Parlament contra la inhabilitación de Juvillà-- hubiera colocado a la Cámara en una situación parecida a los turbulentos días de 2017. Y ERC habría tenido que ir a remolque. Lo contrario habría abundado en esa imagen de botifler --"traidor"-- que el independentismo más irredento quiere endosarle.

De momento, los pasos seguidos por Borràs son prácticamente similares a los que su predecesor, Roger Torrent (ERC), siguió tras la inhabilitación de Torra. Pero los neoconvergentes pretendían visualizar un mayor activismo en el caso de Juvillà, un mayor choque de legitimidades.