El Parlamento catalán, el más caro de España, va a la huelga independentista

Para Laura Borràs, la mejor forma de visualizar el rechazo del Parlament a la “represión” es ir a una especie de huelga independentista, sin precedentes en la historia de la restitución democrática de la Cámara catalana. La más cara, por cierto, de España: 62,9 millones de euros anuales. En realidad, la dirigente independentista intenta ganar tiempo para resolver la situación del diputado de la CUP Pau Juvillà, cuya inhabilitación por desobediencia rememora los convulsos momentos vividos con la condena de Quim Torra.

Borràs se resiste a exigir al cupaire que devuelva su acta de diputado, como exige la Junta Electoral Central (JEC), y ha endosado a la Comisión del Estatuto del Diputado la resolución del conflicto. Mientras tanto propone, con apoyo de su partido, Junts per Catalunya (JxCat), y ERC, que se suspenda la actividad del Parlament. La casualidad ha querido que, en pocas semanas, coincidan dos polémicas: la de las licencias de edad --que permitían a trabajadores de la Cámara catalana que llegan a los 60 años poder cobrar su sueldo sin la necesidad de ir a trabajar-- y la propuesta de Borràs de que los diputados abandonen temporalmente sus funciones a modo de protesta por la “represión” del Estado. 

Instrumentalización

Todo ello teniendo como escenario de ese nuevo intento de instrumentalización independentista de las instituciones catalanas una Cámara con 135 diputados con un presupuesto de 62,9 millones de euros. Es la cifra más alta de un parlamento autonómico, seguida del andaluz, que con un volumen mayor de población --8,4 millones frente a los 7,5 millones que tiene Cataluña-- tiene 109 diputados y cuesta 42,5 millones. La Asamblea de Madrid cuesta anualmente 39 millones (136 diputados) y Las Cortes Valencianas, 30,7 millones (99 diputados). Es decir, que cada día que permanece cerrado el Parlament se pierden 172.602 euros que pagan los catalanes.

El coste de todos los Parlamentos autonómicos se puede consultar en el gráfico interactivo adjunto:

Caen tres de las cinco comisiones del día

De hecho, en respuesta al llamamiento de Borràs, el Parlament ha informado de que ya se han suspendido tres de las cinco comisiones convocadas para hoy: la de Políticas Digitales y Territorio, la de Cultura y la de Políticas de Juventud.

PSC-Units, que califica de “esperpento” ese paro encubierto de los independentista, había calculado que la suspensión de la actividad parlamentaria que planteó Laura Borràs afectaría a 13 comisiones, dos ponencias, dos comisiones de estudio e incluso el pleno del Parlament. Ciudadanos, En Comú Podem, PP y Vox se sumaron a esa indignación después de que la Mesa, donde la mayoría independentista impone su rodillo, acordara proponer a los órganos parlamentarios que desconvoquen las sesiones hasta que la Comisión del Estatuto de los Diputados se reúna de forma inmediata y se pronuncie sobre la situación de Juvillà.

"Firmes contra la represión"

Tras la reunión de la Mesa y de la Junta de Portavoces, la presidenta del Parlament hizo una declaración, acompañada de la vicepresidenta primera, Alba Vergés (ERC), de los secretarios Aurora Madaula (JxCat) y Rubén Wagensberg (ERC), y de la presidenta del grupo de la CUP, Dolors Sabater. "Hoy estamos pues aquí, nuevamente, firmes contra la represión, unidos para defender la soberanía del Parlament ante las injerencias del Estado", dijo.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs (c), junto a varios miembros de la Mesa, se dirige a la reunión de Portavoces / EFE

El Parlament ya presentó el viernes un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra la retirada del escaño de Juvillà. El recurso incluye la petición de medidas cautelares para suspender el acuerdo de la JEC, que solicita la retirada del acta. El pleno acordó la semana pasada interponer este recurso por 81 votos a favor (ERC, JxCat, CUP y ECP), 17 en contra (Vox y Cs) y 33 abstenciones (PSC-Units).

Polémica laboral

El paro parlamentario que secundan los independentistas tiene lugar en plena resaca por los sueldos pagados a trabajadores de la Cámara que no van a trabajar. Esta polémica ha puesto el foco en los gastos de una Cámara cuyos diputados cobran generosos salarios.

De los 7.931 euros mensuales que cobra la presidenta del Parlament a los 2.921 euros de un diputado raso, cifra esta a la que hay que añadir pluses por representación, presidencia  y portavocías. Y lo más llamativo: las dietas por desplazamiento de hasta 23.895 euros al año, se tenga o no coche oficial. O se opte por el teletrabajo (como ocurrió durante la pandemia) o por la huelga independentista convocada ayer por Borràs.