Los cinco obstáculos que frenan la aplicación de las sentencias lingüísticas

Si la justicia es tan contundente en su reconocimiento del castellano como lengua vehicular en la enseñanza, ¿por qué cuesta tanto ejecutar sus resoluciones? Cinco son los obstáculos principales, y en ellos hay una base política, judicial y educativa.

1. El miedo de los padres

“Nadie quiere ser héroe, queremos ser padres”, aseguraba la familia del alumno de Canet de Mar (Barcelona), protagonista involuntario de una cruzada del Govern contra el aumento de horas en castellano. Hasta allí se fue, rodeado de cámaras, el consejero de Educación, Josep González-Cambray, para defender el blindaje de la inmersión. No obstante, familias de este centro expresaron su apoyo a los recurrentes.

Pero son muchas las que no se atreven a seguir los pasos de esos padres contrarios a un monolingüismo que los propios dirigentes independentistas, como el propio Cambray, rehúyen a la hora de escolarizar a sus hijos. El Govern, que cuenta con el activismo de entidades muy potentes y subvencionadas como Plataforma per la Llengua, juega con ese miedo.

2. Las dilaciones judiciales del Govern

Las sentencias judiciales que avalan un 25% del castellano como lengua vehicular se remontan a 2014, aunque las primeras resoluciones sobre la inmersión datan de 2010. Sin embargo, la Generalitat ha recurrido todas y cada una de esas resoluciones. El caso más ejemplar es el de los proyectos lingüísticos que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha anulado. Un total de ocho. Y amaga con la desobediencia, una estrategia típica de un independentismo que identifica Justicia y opresión.

Como se sabe, el caso ha llegado hasta el Tribunal Supremo, que ni siquiera admitió el recurso presentado por la Consejería de Educación. Según los recursos de apelación presentados ante ese alto tribunal, a los que ha tenido acceso Crónica Global, el Govern basa sus argumentos en negar la legitimidad de las familias para cambiar el proyecto lingüístico de todo un centro escolar, pero no entra en el fondo, es decir, que no cuestiona que el castellano también deba ser lengua vehicular, más allá del debate sobre los porcentajes.

Josep González Cambray, consejero de Educación de la Generalitat / EFE

3. La burocracia jurídica

Los juristas consultados por este medio explican que, a la ya de por sí lenta administración de Justicia, se unen unas leyes procesales que no ayudan a los padres que reclaman ese 25% de horario lectivo en castellano. El procedimiento seguido en estos casos es el contencioso-administrativo, donde los jueces no actúan de oficio. Son las partes las que deben instar a ejecutar las sentencias. Se da la circunstancia de que fue el abogado del Estado el que instó el recurso ante el Tribunal Supremo y, por tanto, debería ser este actor judicial el que exigiera la aplicación.

Pero el Gobierno español considera que es la Generalitat la que debe hacerlo, lo que ha sido interpretado en medios políticos como una concesión más a los independentistas, esto es, al pacto que mantienen ERC y PSOE. Un pacto de no agresión que deja en manos de las familias instar la ejecución. De hecho, la Consejería de Educación ya está aplicando las resoluciones, aunque lo hace a cuentagotas, consciente de que podría incurrir en desobediencia.

4. El rechazo a la doble vía

El conflicto ha resucitado el debate sobre la segregación lingüística, esto es, la creación de dos líneas educativas, una en catalán y otra en castellano. En Cataluña siempre se ha rechazado esa doble vía, aunque hay expertos que avalan las dos líneas, de libre elección por parte de los padres, con la posibilidad de que fueran transitables de la una a la otra por el alumno a lo largo de su recorrido académico.

Otra vía de flexibilizar la inmersión sería adaptar el modelo a la realidad territorial --como defiende el PSC y, en su día, el exconsejero de Educación, Josep Bargalló (ERC)--; y el contacto temprano con la lengua catalana de los niños castellanohablantes mediante el acceso universal y gratuito de 0 a 3 años. De esta forma, avanzar en la igualdad de oportunidades para los grupos vulnerables cuyas familias de origen no pueden amortiguar las diferencias.

5. Nivel de castellano alto

Uno de los argumentos más utilizados por la Consejería de Educación para blindar la inmersión es que los estudiantes catalanes acaben la enseñanza obligatoria con un nivel de castellano homologable a los del resto de España. O incluso superior. Pero teniendo en cuenta que cada comunidad autónoma tiene un sistema de evaluación diferente, es difícil dar credibilidad a esa afirmación. Una solución sería someter a los alumnos a una prueba final en cuarto de ESO, la misma en toda España, cuya superación fuera imprescindible para acceder a FP o bachillerato.

De esta forma no solo se comprobaría el nivel de castellano de los alumnos catalanes, sino que el sistema educativo podría introducir las correcciones necesarias para recuperar posiciones en el Informe PISA, donde España obtuvo uno de sus peores resultados en 2018.