El conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, ha rebajado las expectativas sobre el modelo de inmersión lingüística en los colegios catalanes. Si en un primer momento instó a los centros a desacatar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre el 25% de castellano en las aulas, ahora habla de dotar de “herramientas” a los profesores para que puedan defender el sistema.
En la sesión de control al Govern, ha reclamado que se “aísle del ruido” a los docentes y ha defendido que desde su Gobierno seguirán enfrentándose a los tribunales “con firmeza y convicción”. Aun así, ha manifestado que “el blindaje de la lengua catalana no será efectivo” hasta que Cataluña sea “un estado propio”, una declaración que busca reforzar el discurso independentista en un momento en el que se intenta bajar la presión que el propio Ejecutivo catalán ejerció sobre los centros educativos autonómicos por su defensa política de la lengua.
Cumbre para "consensuar" la respuesta al TSJC
De hecho, la cumbre del Govern con diferentes entidades sociales, políticas y educativas que defienden el monolingüismo tendrá lugar este jueves. El encuentro buscará "consensuar la respuesta a la sentencia del TSJC", según explicó la portavoz del Ejecutivo, Patrícia Plaja. Además, el sábado habrá una manifestación de la entidad Som Escola, en la que participarán el presidente, Pere Aragonès, y varios consejeros de su equipo de Gobierno.
Cambray también ha sacado pecho del plan de impulso del catalán del Govern, que tiene previsto desplegar en todos los centros. “Alrededor de 120.000 profesionales recibirán herramientas y acompañamiento para que los proyectos lingüísticos se apliquen en todas las aulas”, ha explicado.
Niega acoso a la familia
Por otro lado, el conseller ha negado haber acosado a la familia de Canet de Mar que pidió un 25% de castellano en la clase de P5 donde va su hijo. A la diputada del PP, Lorena Roldán, le ha respondido que “nunca justificará la discriminación y la violencia”, a pesar de haberles arrinconado y considerado que su demanda es un “ataque”.
Todo ello, tras condenar con la boca pequeña los exabruptos contra la familia desde las redes sociales, donde se llegó a pedir apedrear el domicilio particular, boicotear el negocio familiar y dejar de lado al pequeño en clase. Esto último, por parte de un mosso afín a la polémica independentista.