Las quejas de padres contra el plan de Educación catalán llegan al TSJC

Varias familias catalanas con hijos menores de edad han presentado un recurso contra el plan de Educación del próximo curso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Los querellantes aseguran que la normativa, que este año está marcada por la actuación frente el coronavirus, "vulnera el derecho a la vida, la integridad física y la salud" de los pequeños, de los maestros, profesores y del personal no docente de los centros. 

El recurso ha sido presentado por la vía contencioso-administrativa por progenitores de menores afectados por diferentes patologías, en representación de unas 200 familias, según el portavoz de las familias. Esta condición los convierte en población de riesgo ante una infección del Covid-19, un peligro que no están dispuestos a asumir. "A pesar de ser personas en buen estado de salud, no quieren asumir el riesgo de contagio que no sólo es probable, sino que los expertos dan por seguro", detallan en el escrito presentado ante el TSJC.

Suspensión del plan de Bargalló

Una de las peticiones que reclaman al tribunal es la de paralizar el plan para el curso 2020-21 preparado por el departamento de la Generalitat que dirige Josep Bargalló, como medida cautelar de protección a los menores. También piden que los jueces consideren nula la decisión de obligar a llevar a los niños a las escuelas y que se permita el seguimiento de clases a distancia, por vía telemática.

Argumentan que la vuelta al cole planificada por la Consejería de Educación "no se puede aceptar en términos de proporcionalidad" ya que conlleva la concentración masiva de los menores en un entorno cerrado y difícilmente controlable en términos de seguridad sanitaria. Las normas "establecen unas condiciones insuficientes tanto de espacios como de ventilación, y no pueden ser cumplidas por sus niños, pues no han adquirido todavía las capacidades necesarias para cumplirlas", aseguran.

Salud y Educación: derechos compatibles

Ante el derecho de los niños a recibir una educación de calidad, destacan que "existen instrumentos y metodologías alternativas posibles" que garantizarían también la protección de la salud de estos, como por ejemplo "reducir los grupos de alumnos o limitar su estancia en el centro al mínimo tiempo imprescindible". E insisten en que la normativa "no satisface los criterios epidemiológicos de lucha contra la pandemia ni los criterios de los pediatras".

En el texto, los recurrentes argumentan que "en las condiciones fácticas actuales (transmisión aérea confirmada, transmisión comunitaria y riesgo elevado de contagio por cada 100.000 habitantes), la Administración educativa debería facilitar la prestación del servicio educativo en condiciones de semipresencialidad o debería autorizar planes de actuación de no-presencialidad".