La gestión del Govern tiene dos velocidades muy diferentes. Al ralentí en materia económica, a todo gas en la deconstrucción de los Mossos d’Esquadra.

A pesar de las promesas que Pere Aragonès hizo en su discurso de investidura, el Ejecutivo catalán ha renunciado a aprobar los presupuestos de la Generalitat de 2021 y habrá que esperar a los de 2022 para superar unas cuentas prepandémicas. En cambio, en solo cinco meses, el ritmo de cumplimiento de los acuerdos entre ERC y CUP en materia de seguridad ha sido veloz y ya se han puesto los cimientos para la demolición del modelo policial. A saber: publicación de los protocolos de uso de los proyectiles de foam, centralización de la defensa jurídica de los Mossos en la Consejería de Presidencia para filtrar los casos, retirada de la acusación particular ejercida por la Generalitat contra activistas y la creación de una comisión de estudio sobre el modelo policial.

Oficina para fiscalizar actuaciones

Y aunque no estaba previsto en esos pactos que facilitaron la investidura de Aragonès, también se creará una oficina para fiscalizar las actuaciones policiales y de orden público. Una privatización, en este caso, del control de los agentes que cargan de argumentos a los sindicatos policiales, hartos de ser usados como moneda de cambio. “A la CUP le interesa el repliegue corporativo de los Mossos. Los agentes estamos unidos y quieren que perdamos el control en alguna intervención”, denuncian fuentes sindicales. Recuerdan la valoración positiva que el ciudadano hace de la policía autonómica --7,3 en una escala de 0 a 10 y un 7,7 en una escala de 0 a 10 sobre el servicio recibido, según los datos presentados en la Comisión de Interior del Parlament--. El malestar interno en el cuerpo catalán llega al extremo de que el propio mayor, Josep Lluís Trapero, valora dejar su cargo.

Ayer, la Cámara catalana constituyó la Comisión de Estudio sobre el Modelo Policial, que estará presidida por Dolors Sabaté (CUP), coincidiendo con la celebración del pleno. Horas antes, en la sesión de control al Govern, la deconstrucción del modelo policial catalán fue objeto de reproches por parte de la oposición. “Dejen de erosionar a los Mossos y a su autoridad, y de ponerlos en la picota”, exigió el líder catalán de Ciudadanos, Carlos Carrizosa.

Dignidad

Tanto Carrizosa como el presidente del PPC, Alejandro Fernández, acudieron a la manifestación que, el pasado 23 de octubre, convocaron Mossos y policías locales para exigir dignidad, más recursos y protección ante las agresiones. “Pere Aragonès cede a la CUP la dirección del nuevo modelo policial de Cataluña. Ustedes humillan sistemáticamente a los Mossos nombrando presidentes de la comisión de estudio a quienes les llaman fascistas, asesinos y torturadores. Luego les extrañará que se manifiesten”, dijo Fernández en el anterior pleno.

Igualmente crítico se mostró el diputado de PSC-Units Ramon Espadaler en la interpelación que hizo al consejero de Interior, el republicano Joan Ignasi Elena, en la primera sesión del pleno. “Una cosa es profundizar en los aspectos mejorables, y una muy diferente considerar que es necesario un giro de 180 grados en la policía. No cuente con nosotros para debilitar a nuestra policía”, dijo Espadaler, exconsejero de Interior.

Balance

El diputado hizo balance de los acuerdos entre ERC y cupaires. El resultado es “una eficiencia en dar cumplimiento a los designios de la CUP” que le preocupa, “sobre todo cuando se anuncia la creación de un mecanismo de control de las actuaciones y de orden público, con capacidad de fiscalización y sanción. ¿Cree necesario y útil externalizar, es decir, privatizar, el control sobre la policía?”.

Entre los acuerdos cumplidos figura la retirada de la acusación particular ejercida por el Govern en caso de agresiones de activistas a los Mossos. Ayer, el Govern rebajó su petición de penas para tres de los nueve manifestantes secesionistas conocidos como los nueve de Lledoners, mientras los otros seis fueron absueltos después de que la fiscalía retirara la acusación. Sin embargo, esa rebaja no es suficiente y la entidad Alerta Solidària exigió al Govern que “deje de ser correa de la represión”. No obstante, ya hay muestras de que la Administración catalana ha cambiado sus criterios jurídicos. Lo ha hecho en el caso de la condena impuesta al militante de la CUP Marcel Vivet, acusado de desórdenes públicos, atentado a la autoridad y lesiones leves a un mosso.

Cambio de criterio jurídico

La Generalitat ejerció la acusación particular debido a que la víctima era un funcionario y pidió penas de cárcel para el activista. Pero, tal como publicó Crónica Global, ha anunciado que, tras el cambio de gobierno y de la reestructuración de los servicios jurídicos de la Consejería de Interior, recurrirá la sentencia por considerarla excesiva.

En ese sentido, el pasado 3 de agosto, mediante un decreto de reestructuración del Departamento de Interior aprobado por el Consell Executiu, se anunció el traspaso del área penal de los servicios jurídicos de Interior al Gabinete Jurídico que depende de la Consejería de Presidencia.

De esta forma se centralizaba el control de las decisiones sobre la asistencia jurídica de Mossos con la finalidad de satisfacer a CUP y los CDR. Este sistema permite filtrar las causas judiciales para evitar que el Govern entre en colisión con el activismo independentista en procesos judiciales donde los agentes han sufrido agresiones ejerciendo sus tareas de seguridad.