El intento de forzar una reforma urgente del reglamento del Parlament para evitar inhabilitaciones en casos de procesamiento por corrupción --situación que puede darse en breve con la actual presidenta de la Cámara, Laura Borràs-- sólo cuenta con el respaldo del partido de la propia afectada: Junts per Catalunya (JxCat). La formación posconvergente ha sido la única que ha expresado su afinidad hacia una propuesta de reforma que blindaría a Borràs en su cargo hasta que haya condena firme.
Los servicios jurídicos del Parlament entregaron este martes a la Mesa una propuesta de reforma del reglamento a la medida de Borràs, pues con los cambios introducidos en el mismo le permitiría seguir en su escaño en caso de que se le abra juicio oral o se la procese por el presunto fraccionamiento y adjudicación irregular de contratos para un amigo cuando presidía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).
Junts ve "inconstitucional" el artículo a eliminar
El informe de los letrados del Parlament, titulado Propuestas jurídicas y técnicas de reforma del reglamento, tiene 244 páginas y en su sección dedicada a las "causas de suspensión de los derechos y deberes parlamentarios", sugiere modificar el artículo 25 para eliminar su apartado 4. Una supresión que permitiría a Borràs seguir en el cargo incluso siendo procesada, pues hasta la fecha deja claro que "en los casos en que la acusación sea por delitos vinculados a la corrupción, la Mesa del Parlament, una vez sea firme el acto de apertura del juicio oral y tenga conocimiento de ello, debe acordar la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de manera inmediata".
Pero Junts per Catalunya (JxCat) se ha quedado sola en su defensa de tal propuesta, que encajaría como anillo al dedo en la situación de Borràs. La portavoz parlamentaria de la formación posconvergente, Mònica Sales, ha sostenido incluso que el informe de los letrados señala que este mismo artículo --que, paradójicamente, en su día votó Junts pel Sí-- es "inconstitucional". Razón por la cual ha pedido al resto de grupos que "se avengan a hacer posible un reglamento del siglo XXI" y "no hagan un uso partidista del tema".
ERC critica "el fondo" y "la forma"
Su reclamación para aceptar esta reforma a la medida de la presidenta del Parlament, sin embargo, ha caído en saco roto, pues ningún otro partido la apoya. Ni siquiera el resto de formaciones independentistas: ERC y la CUP.
Desde ERC --socia de JxCat en el Govern--, su portavoz Marta Vilalta se ha mostrado partdaria de reformar el reglamento si es para "modernizar el funcionamiento de la Cámara", pero ha recordado que ese mismo apartado del artículo 25 que ahora se pretende eliminar fue "consensuado" en 2017 para "garantizar el compromiso de la lucha contra la corrupción", y sigue siendo un "mecanismo necesario", aunque se pueda debatir su posible "mejora".
Vilalta ha criticado "el fondo" y "la forma" del informe, apuntando que este tipo de propuestas "deben hacerlas los grupos parlamentarios" sin "escudarse" en los letrados: "Ni la Mesa ni los letrados no son quienes impulsan los cambios".
CUP: "Es una herramienta contra la corrupción"
La reforma que blindaría a Borràs tampoco cuenta con el aval de otro partido secesionista: la CUP. Su diputada Eulàlia Reguant considera que los letrados "han ido mucho más allá de lo que les corresponde", y ha sostenido que ese artículo 25, que fue incluido a propuesta de la CUP, "debe quedar en el reglamento tal y como está redactado en la actualidad". Según ha dicho, "no se toca" porque es "una herramienta para luchar contra la corrupción".
Rechazo frontal de la oposición
La oposición del Parlament en pleno también ha rechazado con contundencia la propuesta de los letrados. La portavoz de PSC-Units, Alícia Romero, ha dejado claro que su partido no la avalará y ha denunciado defectos "de forma y fondo" en la propuesta de los servicios jurídicos. Algo que ha "desconcertado" al PSC, porque revela un intento de Borràs de "patrimonializar" el Parlament.
Por su parte, el portavoz de Vox, Juan Garriga, ha acusado a Borràs de querer llevar a cabo "una reforma ad hoc" para "salvar su cabeza", mientras que el diputado de Cs Carlos Carrizosa la ha acusado de querer quitar "la palabra corrupción" para así "poder atrincherarse a su escaño".
En Comú Podem tampoco han suscrito la propuesta ya que, según ha dicho David Cid, Borràs pretende impulsar una reforma "a la carta" en su propio beneficio.
Por su parte, el líder del PPC, Alejandro Fernández, ha reclamado a Borràs que deje "inmediatamente su cargo" porque no se ajusta al "listón ético" que fijaron los propios secesionistas en el reglamento.