La Mesa del Parlament plantea una reforma para 'blindar' a Laura Borràs

La mayoría independentista de la Mesa del Parlament planea una reforma urgente del reglamento de la Cámara catalana para evitar que su presidenta, Laura Borràs (JxCat), sea inhabilitada a raíz de la investigación por un presunto caso de corrupción cuando estaba al frente de la Institució de Les Lletres Catalanes (ILC).

Según informa El Periódico de Catalunya, la Mesa debatirá este martes por sorpresa un informe que evitaría que la mandataria posconvergente tenga que dejar su acta de diputada cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) le abra un juicio oral. De manera que sólo se vería obligada a renunciar al cargo una vez exista sentencia firme.

En concreto, según este medio, los servicios jurídicos del Parlament propondrían eliminar del reglamento la alusión a la corrupción como causa para suspender a un diputado de forma provisional.

Fraccionamiento de contratos

Borràs está imputada por haber fracturado supuestamente 18 contratos públicos para favorecer a un amigo cuando presidía la ILC.

El juez instructor del Tribunal Supremo estudió el año pasado una exposición razonada remitida por el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, que comenzó a investigar estos hechos que podrían ser constitutivos de los delitos de falsedad documental, fraude administrativo, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

La exposición razonada de la juez de Barcelona, así como el informe favorable de la fiscalía, destacan que la ahora diputada de JxCat en Cataluña actuó "de común acuerdo" con Isaías Herrero --también investigado hasta ahora por estos hechos en el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona-- "para defraudar" a la ILC "mediante el fraccionamiento ilegal" de los contratos.

Para ello, se llevó a cabo la "falsificación de presupuestos presentados en cada uno de los expedientes simulando la participación de terceras personas independientes, con la finalidad de beneficiar los intereses de aquél y causando con ello un claro perjuicio al erario público".

260.000 euros sin IVA

Según la fiscalía y el Juzgado de Barcelona que comenzó a investigar, existen indicios de que, entre los años 2013 y 2017, la hoy presidenta del Parlament "abusó" de su condición de directora de la ILC para adjudicar "directa o indirectamente de manera arbitraria de todos los contratos de programación informática", cuyo importe total es de 259.283 euros sin IVA, a favor de Herrero, con el que se ha acreditado que tenía una "relación personal y profesional".

Según la instrucción realizada hasta el momento, existen indicios de la intención de dotar una "falsa apariencia de transparencia" al procedimiento de contratación y poder justificar que la oferta de Herrero "era la más ventajosa".