Los Next Generation, un coladero de cargos independentistas

Los Next Generation son gestionados por el Gobierno español, de ahí que altos cargos de la Generalitat hayan criticado desde el principio esa centralización de los fondos concedidos por la UE para la reconstrucción post-Covid. Pese a ello, el Govern ha decidido contratar a 125 personas para “gestionar” esos fondos. Fuentes jurídicas expertas en contratación pública consideran que el procedimiento podría ser irregular, atendiendo al convenio colectivo de la Generalitat, y recuerdan que es necesario un proceso selectivo. Fuentes de la Consejería de Economía han rehusado explicar los detalles de este proceso.

El pasado 28 de septiembre, el Consell Executiu anunció el refuerzo de su estructura con 125 nuevas plazas para gestionar los Next Generation. El objetivo, explicaron desde la Generalitat, era "redimensionar el equipo técnico y humano de la Secretaría de Asuntos Económicos y Fondos Europeos y la Intervención General para implementar y supervisar los recursos procedentes de los fondos REACT-FEDER y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)".

Proyectos

El acuerdo prevé, por un lado, la incorporación de 65 personas a la Dirección General de Fondos Europeos, dependiente del Departamento de Economía y Hacienda, para gestionar los 1.023 millones de euros procedentes del REACT-UE asignados a Cataluña a partir de la reprogramación del Programa Operativo FEDER para el periodo 2014-2020. Unos recursos destinados a combatir la crisis derivada de la pandemia del Covid-19 y sus consecuencias sociales “y preparar una recuperación verde, digital y resiliente de la economía”.

Entre los proyectos incluidos en el nuevo Programa Operativo destacan la reforma y ampliación de hospitales públicos, la creación de una unidad de protonterapia, la adquisición de un ciclotrón de medicina nuclear, el refuerzo de la red de fibra óptica, la construcción de vías ciclistas o la ampliación y construcción de nuevos centros educativos, entre otros.

Reforzar la Intervención General

Por otra parte, el Govern también aprobó reforzar la Intervención General de la Generalitat con 60 nuevas plazas para realizar los trabajos de control, supervisión y contabilización de todas las actuaciones financiadas por el MRR.

Tal como ya prevé el Decreto ley 5/2021, de 2 de febrero, estos nuevos puestos de trabajo tendrán carácter temporal --hasta un máximo de tres años en el caso de las personas que trabajen en la ejecución del fondo REACT-UE y de cuatro para el control del MRR--. Se podrán incorporar personas que trabajan en la Administración, así como personal interino o laboral temporal. En ambos casos, el gasto para financiar estos dos programas irá a cargo los recursos económicos procedentes de los mismos fondos europeos.

Las críticas del Govern a los fondos

La contratación de este centenar de personas contrasta con las recientes declaraciones de la directora general de Análisis Económico de la Generalitat, Marta Curto, quien en el marco del congreso BNEW cuestionó la efectividad de esos fondos, que consideraba demasiado centralizados. De hecho, es el Gobierno el que tiene la competencia para gestionar los Next Generation en base a las peticiones de las comunidades autónomas. En concreto, Curto dudó de que esas ayudas permitan reindustrializar Cataluña, como publicó Crónica Global.

Pese a ello, el Govern ha optado por esos fichajes masivos mediante un procedimiento que, según juristas expertos en contratación pública, es bastante atípico: “Apunta el Govern que los programas serán de tres años con una posible extensión a cuatro años por obra y servicio, lo cual, de entrada puede ser irregular puesto que el cuarto año sólo es posible si está reconocido en convenio colectivo y si ese personal es laboral”. En este sentido, estas fuentes explican que el convenio colectivo de la Generalitat “sí que reconoce la contratación temporal por obra y servicio, pero para programas establecidos en los presupuestos de la Generalitat, pero nada dice del cuarto año”.

Imagen del edificio de la Generalitat de Cataluña, cuyos funcionarios serán evaluados en función de su productividad / CG

¿A dedo?

Además, el artículo 26 del Convenio “deja claro que ese personal debe pasar un proceso selectivo para ser contratado, y da la sensación de que el proceso va a ser a dedo”. Fuentes de la Consejería de Economía han rehusado aclarar estos aspectos a Crónica Global.

La gestión de los Next Generation, por tanto, se nutrirá de la bolsa de trabajo de personal temporal. Uno de cada tres empleados públicos de la Generalitat son interinos, según datos de 2019, lo que ha favorecido las presiones partidistas en una faraónica administración autonómica. Es precisamente esa provisionalidad la que ha favorecido incluso la creación de una bolsa de trabajadores a la medida de los intereses de CDC durante más de tres décadas, sin que el tripartito --PSC, ERC e ICV-- fuera capaz de cambiar esa situación en sus siete años de gobierno.

Trabajadores interinos por administraciones

Tal como publicó este medio, en el anterior Govern cobró fuerza la idea de aprobar un decreto ley para facilitar el acceso a cargos de interventor sin concurso previo con el argumento de que, en pocos años, se producirá un alud de jubilaciones, algo que no es del todo cierto, según fuentes jurídicas. 

La Intervención, que depende de la Consejería de Economía y Hacienda, es un negociado clave, ya que estos altos funcionarios dirigen y gestionan la contabilidad pública, y establecen directrices de actuación en la concesión de subvenciones y ayudas. El 12 de enero, el DOGC publicó la convocatoria de un concurso específico de méritos para la provisión de tres puestos de técnico de contabilidad y control de la Dirección General de la Intervención, que entonces dependía del Departamento de la Vicepresidencia económica de Pere Aragonès.

Asimismo, Junts per Catalunya blindó 88 cargos en la Consejería de Presidencia durante el período electoral. Ante un eventual cambio de gobierno, los neoconvergentes intensificaron los nombramientos, publicitados en plazos muy cortos.