JxCat intenta dejar a los suyos en la Generalitat por si pierde el 14F

Junts per Catalunya (JxCat) quiere soltar lastre de CDC, el partido del que procede, pero aprovecha al máximo al estructura funcionarial implantada por Jordi Pujol. Hasta el punto de que, según ha podido saber Crónica Global, el Govern estaría a punto de dar un paso más en la consolidación de su elite funcionarial.

Algunas fuentes del entorno gubernamental aseguran que la idea es hacerlo vía decreto ley. Otras, en cambio, apuntan a la vía más sencilla, la que siempre han utilizado los convergentes antes de un cambio de gobierno: la promoción interna. Ganen o pierdan las elecciones, la jugada es brillante. Si revalidan la presidencia de la Generalitat, ya tienen la estructura administrativa a su servicio. Y en caso de derrota, podrán hacerle la vida imposible al ganador. ERC, que ahora ejerce la presidencia en funciones en plena pandemia, sufre ya ese sottogoverno convergente.

Vía decreto ley

Dicho de otra manera, los nuevos convergentes, que siempre han mantenido la segunda línea de poder en la Generalitat, quieren apuntalarlo. En Palau han saltado las alarmas ante la posibilidad de que el Govern apruebe in extremis un decreto ley que facilitaría el acceso a cargos de interventor sin concurso previo “con el argumento de que, en pocos años, se producirá un alud de jubilaciones, algo que no es cierto”, explican fuentes jurídicas. El tiempo corre y un decreto ley, además de reducir el debate parlamentario --el Gobierno en funciones no puede aprobarlos--, debería ser aprobado de forma inminente.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, junto a su consejero de Políticas Digitales y Administraciones Públicas, Jordi Puigneró / EUROPA PRESS

¿Por qué es tan importante el control del cuerpo de interventores de un gobierno? Estos altos funcionarios dirigen y gestionan la contabilidad pública, y establecen directrices de actuación en la concesión de subvenciones y ayudas. “Si se coloca a dedo a un interventor, el Govern se asegura de que actuará en función de sus intereses, pero un funcionario puede dar problemas”, explican esas fuentes jurídicas. Salvando las distancias, que el secretario del Parlament, Xavier Muro, se negara a firmar propuestas independentistas en pleno procés o, más recientemente, rechazara publicar resoluciones contra la monarquía de dudosa legalidad, es un ejemplo de las trabas que un funcionario puede poner a determinadas veleidades rupturistas.

La Intervención General, subdividida en áreas, depende de la Vicepresidencia (ERC), pero todo lo que tiene que ver con función pública y acceso de personal, oposiciones y promociones, depende de la Consejería de Políticas Digitales y Administración Pública (JxCat). Un departamento que en los últimos 40 años ha estado en manos convergentes de forma casi ininterrumpida.

Libre designación

Otra fuente precisa: “Los jefes de la intervención no lo están por concurso sino por libre designación, con lo cual puede que haya funcionarios no controlables, pero no son los que mandan. Las oposiciones de interventores son muy difíciles (como las de abogado) y no creo que les hagan una integración directa porque sería un escándalo”. Esta fuente, también procedente del mundo del derecho, añade  que “lo que siempre ha hecho CDC, en algunos cuerpos más que otros, es la promoción horizontal en general. Y en este caso, sería entre funcionarios de grupo A", la elite de la función pública "como ocurrió con los inspectores de Hacienda de la Generalitat". "'Regalar' niveles 30 --con sueldos de entre 69.689 y 71.712 euros--, que es el mínimo de entrada en interventores. No es lo mismo estudiar 300 temas, que hacer un caso o un dictamen o una entrevista. Y allí ya no depende lo que sepas”, añade.

“La Generalitat es una administración pequeña, y en la promoción interna controlas todo el proceso: se te puede colar algún kamikaze, pero el margen de discrecionalidad es mucho mayor. Pero, o las convocan ya o no les da tiempo”, remacha. Este camino allanaría el objetivo de JxCat.