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Una ‘agencia fantasma’ para el patrimonio cultural catalán

El organismo del Govern que gestiona los equipamientos y museos catalanes lleva diez años sin contrato programa, tiene vacantes desde 2018 y consejos asesores y de gobierno pendientes de constituir

12 octubre, 2021 00:00

Como otras tantas instituciones catalanas, la Agencia Catalana del Patrimonio Cultural tiene cargos vacantes. Aunque en su caso, hay otras carencias que convierten este organismo, cuyo presupuesto supera los 22 millones de euros anuales, y cuya sede está situada en el magnífico Palau Moja de las Ramblas de Barcelona, en un ejemplo de parálisis en las políticas culturales de la Generalitat. Sin haber suscrito un contrato programa en diez años, la ACPC gestiona varios museos que carecen de consejo de gobierno o bien de consejo asesor.

Mapa de equipamientos que gestiona la Agencia Catalana del Patrimonio Cultural

Mapa de equipamientos que gestiona la Agencia Catalana del Patrimonio Cultural

La ACPC, dependiente de la Consejería de Cultura, fue creada en 2011 con la finalidad de gestionar el patrimonio cultural de la Generalitat en relación al medio urbano y natural que lo acoge.

La regulación de este organismo no siguió los cauces normales, pues en lugar de ser sometida al debate parlamentario y social, fue fruto de varias leyes ómnibus. Una práctica frecuente durante el gobierno de Artur Mas, consistente en ratificar mediante una ley decretos-leyes publicados separadamente y referidos a diferentes materias.

Palau Moja, sede de la Agencia Catalana del Patrimonio Cultural

Palau Moja, sede de la Agencia Catalana del Patrimonio Cultural

Así, no existe ley específica que contemple la creación de esta agencia, prevista en la ley 7/2011 de medidas fiscales y financieras, siendo enmendadas en la ley 11/2011 de restructuración del sector público para agilizar la actividad administrativa. La Agencia fue objeto de nuevas reformas en las leyes de acompañamiento de los presupuestos de 2014, 2015 y 2017.

Sus estatutos fueron aprobados por decreto en 2013, de ahí que su puesta en marcha se demorara hasta el 1 de enero de 2014.

Medidas no desarrolladas

Hoy, la Agencia, tiene adscritos 38 monumentos y seis equipamientos culturales: El Museo de Arqueología de Cataluña, el Museo Nacional Arqueológico de Tarragona, el Museo Nacional de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña, el Museo de Historia de Cataluña, el Museo de Arte de Girona y el Centro de Restauración de Bienes Muebles.

Pero diez años después de la creación de la ACPC, hay medidas y actuaciones previstas en sus estatutos que nunca llegaron a desarrollarse. Por ejemplo, nunca se aprobó un contrato programa, a pesar carácter cuatrienal previsto. Recientemente han sido nombrados los representantes de los consejos rectores de los museos de Arqueología y de la Ciencia, pero esos órganos no han sido constituidos.

Tampoco lo han sido los consejos asesores de los museos de Historia, Arqueológico y de Arte de Girona. Asimismo, queda pendiente el desarrollo de unidades funcionales internas de la Agencia: Actuaciones en Museos y Monumentos, de Documentación y Protección de Conservación, y Gerencia. No obstante, la primera división sí tuvo un responsable de 2014 a 2018, pero desde entonces está vacante, igual que la gerencia. Todavía no se ha aprobado la relación de puestos de trabajo de la ACPC.

Rocío García Pérez, diputada de PSC-Units

Rocío García Pérez, diputada de PSC-Units

Por todo ello, la diputada del PSC-Units, Rocío García Pérez, ha presentado una propuesta de resolución para que, en una futura reunión de la Comisión de Cultura del Parlament, se inste al Govern a subsanar todas esas carencias a lo largo de 2022. Los socialistas recuerdan la génesis "opaca y azarosa" de esa Agencia, así como las actuaciones nunca desarrolladas y que afectan a un sector "clave como es el cultural, cuarto pilar del Estado del Bienestar en el que intervienen el turismo, la economía, la preservación cultural, la proyección del territorio y los derechos de familias sin recursos a acceder a la cultura. Por ello se necesitan instrumentos administrativos para su protección".

No solo esta agencia cultural sufre la parálisis gubernamental. La pugna independentista impide la renovación de más de un centenar de cargos en una treintena de instituciones catalanas tan importantes como la Corporación de Medios Audiovisuales, el Síndic de Greuges o el Consejo de Garantías Estatutarias.