Ni cien días de gracia han concedido los independentistas unilaterales a Pere Aragonès. Sus socios, Junts per Catalunya (JxCat) y la CUP, no solo han descalificado la Mesa de Diálogo con la que el republicano pretende dar solución al conflicto secesionista, sino que vaticinan que esta legislatura acabará antes de dos años. Dicho de otra manera, quienes reivindican una nueva declaración unilateral de independencia (DUI) para presionar al Estado han verbalizado estos días lo que el pacto de Govern dejó en segundo plano en aras a desencallar la investidura del dirigente de ERC.
El tiempo dirá si las amenazas de los cupaires, que exigen avances en el proceso independentista para garantizar el apoyo a los presupuestos de la Generalitat de 2022, y los vaticinios de los neoconvergentes, que solo dan dos años de vida a la Mesa de Diálogo, se cumplen. Pero lo que está claro es que la desunión secesionista tiene visos de cisma y de nuevo adelanto electoral. En paralelo, Aragonès vuelve a vetar al PSC como aliado en la aprobación de las cuentas catalanas, colocándose así en un callejón sin salida.
El fin de la tregua
Esta semana, el líder republicano cumple sus cien días de gobierno, el tiempo que suelen durar las treguas políticas. Pero los ataques contra el presidente catalán no solo han comenzado antes de que transcurriera ese tiempo, sino que proceden de sus propios socios, algo que en medios parlamentarios no sorprende, dados los precedentes. Las disputas entre el partido de Carles Puigdemont y ERC se remontan a anteriores legislaturas, cuando eran lo neoconvergentes quienes gobernaban.
Atrás quedaba la unidad independentista previa al referéndum del 1 de octubre y la DUI. Tras las condenas del procés, ambos partidos buscaron estrategias diferentes. Así, mientras ERC apostaba por el diálogo con el Gobierno, JxCat se enrocaba en la confrontación. Las elecciones del 14 de febrero avalaron el cambio de rasante de los republicanos, que superaron en votos y escaños a la formación liderada por Puigdemont, aunque por escasa diferencia. De ahí que Aragonès, según le confesó al candidato del PSC, Salvador Illa --ganador de los comicios, pero sin mayoría parlamentaria--, no se atreviera a romper con sus antiguos socios y optara por revalidar la coalición.
Tras el amago de abandonar las negociaciones con Junts, encalladas durante tres meses, y pactar con En Comú Podem --hubiera sido el embrión de un tripartito con los socialistas en el que una parte de Esquerra sigue trabajando--, Aragonès firmó la paz y fue investido presidente el pasado 24 de mayo. Dos días después, tomaba posesión el nuevo gobierno de coalición con JxCat --ávida de retener decenas de cargos en la Generalitat--, mientras que la CUP se quedaba fuera del Ejecutivo.
Gestión e independencia
Desde entonces, Aragonès se ha visto obligado a combinar la gestión pospandémica y la arenga independentista, consistente en reivindicar la negociación de la amnistía y el referéndum de autodeterminación en una Mesa de Diálogo con el Gobierno.
Y es que la concesión de los indultos a los presos del 1-O acalló temporalmente los discursos del independentismo más irredento, que ahora han regresado de la mano de tres referentes del sector duro de JxCat: Laura Borràs, Quim Torra y Jordi Puigneró. Este último es, actualmente, el hombre fuerte de Puigdemont en el Govern. El vicepresidente y consejero de Políticas Digitales y Territorio arremetió el domingo contra la Mesa de de Aragonès --está previsto que se reactive la semana del 13 de septiembre--, que considera una pérdida de tiempo. Es más, advirtió de que si no se avanzaba en las reclamaciones, ese foro de negociación no duraría ni dos años y que, por tanto, se tendría que recurrir a una nueva DUI.
Dos años es el plazo que ERC y CUP se dieron para monitorizar esos avances identitarios, a los que se suma la revisión de un nuevo modelo policial, que también está marcando la política de seguridad de los republicanos. Y tiene razón JxCat cuando asegura que el Gobierno de Pedro Sánchez nunca concederá al Govern un referéndum independentista al estilo escocés. De ahí que los intentos de Oriol Junqueras y Aragonès por defender la Mesa a la que, según el president, acudirá a la reunión de septiembre “con la máxima ambición política”, sonaran poco convincentes.
Los duros de JxCat se rearman
Los ataques de Borràs, Torra y Puigneró contra el presidente catalán, avaladas por la CUP y por la Assemblea Nacional Catalana (ANC), son el primer aviso serio que los neoconvergentes dan tras las elecciones del 14F. Los tres forman parte de un sector duro de JxCat que quedó arrinconado en las negociaciones con ERC y que comienza a coger fuerza. Por su parte, Aragonès quita importancia a las deslealtades de sus socios mientras busca ampliar su capilaridad gubernamental, todavía dominada por los convergentes.
Y es que, más que las pugnas mediáticas, lo que realmente preocupa al dirigente republicano, explican desde el partido, es la falta de profesionales potentes afines al partido con los que desmantelar las estructuras convergentes de la Generalitat. Esquerra trabaja en ello, así como en mantener los puentes con los comunes --las elecciones municipales de 2023 pueden ser decisivas-- sin dinamitar las relaciones con los socialistas. ERC ganó tiempo con la renuncia a aprobar los presupuestos de la Generalitat de 2021, pero esa estrategia supone un arma de doble filo, pues Aragonès no se puede permitir prorrogar los de 2022 si, finalmente, la CUP decide romper con los republicanos.
Lo dijo ayer la portavoz parlamentaria de PSC-Units, Alícia Romero: “Que el presidente Aragonès diga con el PSC 'nada' no nos parece un buen comienzo”.