“Le quieren fuera de la consejería. Pero él se resiste”, asegura un miembro de los Mossos d’Esquadra. Se refiere a Josep Lluís Trapero, en el ojo del huracán político porque, tal como publicó Crónica Global, el pasado 15 de julio, se desplazó a Madrid para mantener reuniones operativas en el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y la Zarzuela. El independentismo más exacerbado no ha perdido la ocasión de arremeter contra Trapero, quien tras ser absuelto por los delitos de sedición y desobediencia, decidió mantenerse al margen de cualquier tipo de enredo político. 

Fuentes políticas dan por hecho que ese viaje servirá de excusa al consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, para reestructurar la cúpula de los Mossos. Presionado por la CUP, que responsabiliza a Trapero de las cargas contra manifestantes independentistas, y por el director general de la Policía, Pere Ferrer, cada vez más poderoso dentro del departamento, Elena deberá dar muchas explicaciones sobre la crisis policial que se avecina si, finalmente, Trapero es destituido. ERC no tiene cargos de confianza dentro del cuerpo ya que, como se sabe, relevó a Junts per Catalunya en la dirección de Interior.

Gestión y CUP

De esta forma, los republicanos asumían el reto de demostrar que pueden gestionar un negociado tan sensible como la seguridad pública catalana, al tiempo de que se garantizaban el apoyo de los cupaires a la investidura de Pere Aragonès, con el compromiso de cambiar el modelo policial catalán.

Tras tomar posesión como consejero, Elena mantuvo en el cargo a Trapero, que había sido restituido por su predecesor, Miquel Sàmper, y a Ferrer, cuya trayectoria política siempre ha estado vinculada a CDC. Pero las relaciones entre el consejero y el Mayor de los Mossos nunca fueron cordiales. Elena, según aseguraron fuentes del departamento, no estaba al corriente del viaje de Trapero a Madrid. Ya en el inicio de este mandato, se especuló con la posibilidad de que Trapero fuera cesado. El Mayor sabía que iba a ser muy difícil esquivar las presiones políticas, pero se propuso reconducir las relaciones con la Policía Nacional y la Guardia Civil. Una de sus primeras actuaciones fue, en este sentido, reunirse con la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera. Y también reconciliarse con el comisario Ferran López, con quien rompió relaciones cuando este le sustituyó durante la aplicación del artículo 155. López, posiblemente conocedor de esas tensiones en Interior que hoy amenazan a su amigo, fichó como responsable de seguridad del FC Barcelona el pasado abril.

Sin estridencias

Asimismo, nadie entendió que Ferrer siguiera al frente de la dirección general. Pero ERC quiso hacer una transición sin estridencias, pero a juicio de fuentes policiales, “ha optado por el desgaste”. Una estrategia arriesgada, no solo porque la mayoría de los agentes de los Mossos, hartos de estar en el foco político procesista, arropan a Trapero, sino por las dificultades para encontrar un sustituto de confianza de ERC, dado que la cúpula policial catalana procede del mandato de Quim Torra. El exconsejero de Interior, Miquel Buch, se aseguró de colocar en la escala superior de los Mossos d'Esquadra a personal comprometido con el proceso independentista. En abril de 2019, la Dirección General de la Policía resolvió, mediante el sistema de libre designación, el nombramiento de ocho nuevos comisarios --fueron elegidos entre 33 intendentes--. Seis de ellos eran intendentes con un conocido perfil soberanista, entre ellos Eduard Sallent, quien, dos meses después --un tiempo récord que sorprendió al cuerpo--, era ascendido a jefe de los Mossos.

Sallent, que sucedió a Miquel Esquius y sería relevado por Trapero en noviembre de 2020, suena ahora como posible sustituto de éste.

¿Y qué ocurrirá con Pere Ferrer? Fuentes de Interior aseguran que el director general se está convirtiendo en el hombre fuerte del departamento. Un ejemplo de ello es el reciente decreto que otorga a Ferrer el mando del cuerpo de escoltas de los Mossos, incluidos los procedentes de la polémica área de seguridad institucional (ASI) --la guardia pretoriana de Torra--, de forma que la dirección de esta unidad será política, y no policial.