Los presidentes autonómicos quieren negociar ya el modelo de financiación sin Aragonès

Aunque hasta el último momento el lehendakari Iñigo Urkullu no garantizará su presencia, lo que se dirime no afecta al País Vasco y Navarra, que disponen del concierto económico. El debate estriba entre las comunidades de régimen común que defienden que se tenga en cuenta el coste de la prestación de servicios por habitante y las que piden que prime el criterio poblacional. Cataluña se ha decantado en los últimos años por esa segunda opción, pero desde el inicio del proceso independentista no ha formulado ningún modelo concreto.

¿Café para todos?

El hecho de que la Generalitat se retire de esa mesa complica que se establezca un modelo viable para todas las comunidades. El argumento del independentismo, como ha expresado el exconsejero Jordi Turull, es que ya ha pasado el “café para todos” y los foros en los que se dirimen los avances autonómicos entre todos ya no interesan. Pero esa es la paradoja que el independentismo no admite. En todos los cambios del sistema de financiación autonómica se ha avanzado tras un acuerdo bilateral entre el Gobierno español, fuera del PSOE o del PP, y el gobierno catalán. Posteriormente, la nueva fórmula que se alcanzaba se modificaba mínimamente y se imponía al resto de autonomías en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). El modelo vigente, acordado en 2009, se pactó exactamente de esa forma, entre la ministra de Economía, Elena Salgado, y el consejero de Economía, Antoni Castells.

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán / Verónica Lacasa (EP)

Ahora ningún barón territorial admite esa fórmula. Y cuando la Generalitat podría alzar su voz, para negociar su propuesta, la decisión que toma es la de ausentarse. El poder económico catalán, el que representan patronales como Foment del Treball, ha afeado esa actitud, con la exigencia al Ejecutivo de Aragonès de que negocie y llegue a acuerdos institucionales con el Gobierno español.

El frente de Lambán

Las reuniones han proliferado en los últimos días. Andalucía y la Comunitat Valenciana han mantenido contactos para buscar un frente común junto con Murcia y Castilla-La Mancha para plantear una propuesta al Ministerio de Hacienda. Mientras que Javier Lambán, el presidente de Aragón, ha admitido también que busca complicidades con otras comunidades para llegar a la Conferencia de Presidentes con una primera fórmula de financiación. Se trata, en este caso, de una posición que reivindica los territorios despoblados, la llamada España vacía, y que no puede aceptar que se ofrezca dinero, desde la Administración central, solo en función del porcentaje de población que represente cada comunidad respecto al conjunto.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (izq.), recibió al de la Generalitat, Pere Aragonès, poco después de los indultos / EP

Oficialmente, la Conferencia de Presidentes está pensada en esta ocasión para abordar los fondos europeos. El cónclave debe servir para compartir los planes del Gobierno sobre esos fondos, y para reivindicar o asumir cómo pueden los gobiernos autonómicos participar en determinadas partidas. El Govern catalán sí quiere escuchar esos planes, pero el presidente Pere Aragonès entiende que el foro será la reunión bilateral que se ha programado con Pedro Sánchez para el 2 de agosto.

¿Qué pasa con los fondos europeos?

Sin embargo, algunas comunidades acudirán a la reunión de todos los presidentes autonómicos con la lección aprendida a partir de anteriores experiencias. Y la Generalitat estará ausente. Lo ha verbalizado el aragonés Javier Lambán: “Hay quien tiene una prevención, no sé si excesiva o atinada, sobre esos fondos y sobre la posibilidad de que vayan a parar al País Vasco y Cataluña que, secularmente, han recibido más aportaciones de fondos y atención por parte del Estado. Creo que ha llegado la hora del resto de las comunidades autónomas que conforman el resto de España”, asevera.

Otra cuestión es la que ha planteado la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, centrada en la propia conferencia y en la necesidad de que se hubiera trabajado con mayor tiempo y detalle para que la reunión sea lo más útil posible. La mandataria madrileña ha señalado que no acudirá más a ese tipo de encuentros si no se ajustan “a reglamento”.