La Generalitat pierde autoridad ante la banca tras diez años de ‘procés’

El Tribunal de Cuentas reclama 5,4 millones de euros a los exdirigentes independentistas y a cargos intermedios de la Administración por internacionalizar el procés con dinero público. El consejero de Economía, Jaume Giró, ideó un fondo a partir del ICF, pero con el aval de una entidad financiera, que no ha habido manera de lograr. Ningún banco ha querido asociar su imagen a esa petición, algo “impensable” hace unos años, o justo antes del procés. En aquella época, una Generalitat con enormes problemas de tesorería, como producto de una baja intensísima de los ingresos por la crisis que arrancó en 2008, era capaz de levantar créditos por 1.000 millones de euros con el concurso de entidades como BBVA, Caixabank y Banc Sabadell y hasta un total de diez entidades.

Sin ascendencia ante la banca

Ahora, las entidades financieras huyen de maniobras políticas del Govern de Pere Aragonès. Y las que se han asociado al procés o no han mantenido un rechazo explícito, como Caixa d’Enginyers, tampoco han querido participar. Eso ha llevado al propio Giró, forzadó por la presidencia de la Generalitat, a utilizar directamente al ICF para presentar esos avales, con unas consecuencias muy duras: el bloqueo en el propio Institut Català de Finances, con la dimisión de tres miembros de la junta de gobierno de la entidad: Francesc Casas, Mercedes Domingo y Virgínia Verger.

Jaume Giró, consejero catalán de Economía y Finanzas, en el Parlamento catalán hoy / EFE

La Generalitat ya no tiene la ascendencia que se arrogó en el pasado. Ni frente a los bancos ni frente a la propia sociedad catalana. El procés ha tenido unas “perniciosas” consecuencias, según apuntan las fuentes consultadas, al haber asociado la institución a un proyecto político rupturista, que será complicado revertir. La cuestión reputacional ha sido clave en el rechazo de los bancos a colaborar con el ICF. Pero tampoco se ha producido una rápida reacción social, con las entidades independentistas a la cabeza, para buscar esos recursos.

Sin cambio de rumbo a la vista

Sin embargo, no parece que el Govern de Pere Aragonès reaccione. La pérdida de autoridad de la Generalitat se acelera, justo cuando los sectores económicos han pedido un cambio en la orientación. La patronal Foment del Treball reclama “estabilidad jurídica” en el documento que ha elaborado el Instituto de Estudios Estratégicos que dirige el economista Jordi Alberich. Esa petición es una forma de señalar, según apuntan desde la dirección de Foment, que los partidos de gobierno no pueden verse sujetos por la CUP, el socio con quien el propio consejero Giró se ha comprometido a iniciar las negociaciones para poder aprobar los presupuestos de 2022. “Es necesario un cambio de orientación, lo antes posible, y por ahora no se vislumbra”, apuntan las mismas fuentes.

Lo que se señala es que la situación ha cambiado formalmente, que el Govern de Aragonès intenta poner orden y situar en la agenda política las cuestiones más urgentes, como la recuperación económica y a atención a colectivos como el sanitario, desbordados durante todos estos meses de pandemia. Pero más allá de ese cambio de imagen, se mantienen actitudes “poco comprensibles”, como el rechazo de Aragonès a acudir a la conferencia de presidentes autonómicos de la próxima semana junto al presidente Pedro Sánchez.

¿Salir a los mercados?

La banca se ha distanciado de los intentos políticos del Govern, y el propio Giró, que procede de la Fundación Bancaria La Caixa, deberá negociar con las entidades financieras si desea acudir --por primera vez desde el inicio de la crisis en 2008 y del proceso independentista-- a los mercados, después de que agencias de rating como Fitch hayan señalado que se abren buenas perspectivas para la Generalitat. Esa es la paradoja. Fitch ha elevado dos escalones el rating de la Generalitat, que pasa de BB a BBB-, con perspectiva estable, lo que se traduce en que la Administración catalana sale del llamado bono basura. Y la agencia lo hace porque entiende que el clima político ha cambiado gracias al inicio del diálogo con el Gobierno español, y también al grado de diversificación de la economía catalana. ¿Respuesta ante ese cambio? Aragonès insiste en que no irá a la conferencia de presidentes autonómicos.

“La autoridad hay que ganársela y Aragonès no aparece como un dirigente con capacidad para imponer un nuevo rumbo que aleje esas ambigüedades”, insisten los representantes patronales. Ni los bancos, que no quieren verse contaminados por las maniobras políticas del Govern --lo que afecta directamente a Giró, que viene de ese mundo--, ni la propia sociedad catalana ven en la Generalitat una guía institucional.