Amenazas de independentistas a la Policía y los Mossos d'Esquadra frente a la Jefatura de Via Laietana / CG
Las amenazas de muerte a una mossa constitucionalista, a juicio
Un juzgado decreta vista oral por los comentarios de dos activistas que, según el fiscal, pretendían “amedrentar” a una cabo de la policía autonómica, y “generar ofensa y repudio por su ideología"
13 julio, 2021 00:00Un Juzgado de Girona ha decretado la apertura de juicio oral para dos activistas por injurias y amenazas contra una mossa contraria a la independencia. Los acusados profirieron graves insultos contra Inma Alcolea, cabo de la policía autonómica, en respuesta a una moticia publicada en el diario digital xcatalunya.cat.
El Juzgado de Instrucción 4 de Girona ordena que M. C. M. y P. V. se sienten en el banquillo por los comentarios escritos en la citada publicación el 10 de enero de 2019 y en respuesta al titular Inma Alcolea mossa por la Constitución. Uno de los comentarios fue “A esta zorrita unionista ni caso, si rebuzna y lo hace, es que está rabiosa, por cierto, te metiste en Mossos por la pasta?? Que te pensabas botiflera, que íbamos a aguantar en el cuerpo a semejante desgraciada?? Lárgate desgraciada y maldita unionista, lárgate con tus bestias a España”. El comentario de P. V. decía textualmente “No hi hauria alguna manera de matar-la, a aquesta?”.
Comentarios contra Inma Alcolea
Petición de Fiscalía
El fiscal pidió la apertura de juicio para P. V. por delito leve de amenazas al entender que actuó “movido por un ánimo tanto de amedrentar a la señora Alcolea, así como también de generar ofensa y repudio por razón de la ideología que profesaba aquélla”. Por ello, considera el ministerio fiscal que escribió el comentario “que quedó a la vista de todos aquellos quienes consultaran la noticia”.
En el caso de M. C. M., es la acusación particular la que insta a sentarla en el banquillo. En este caso, el juez le atribuye un delito de injurias graves. En el auto, al que ha tenido acceso Crónica Global, pide una fianza de 4.000 euros para P. V., y de 2.666 para M. C. M..
Requiere el magistrado que los acusados "acrediten documentalmente su patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas familiares y otras circunstancias personales a los efectos establecidos en el artículo 50.5 del Código Penal", relativo a las sanciones pecuniarias.
