Ruego de la universidad para ser neutral: “No puede ser un Parlamento paralelo”

Roberto Fernández señala, en conversación con Crónica Global, que lo sucedido con los rectores al apoyar a Òmnium constituye un hecho grave que deja a la universidad pública en una situación muy delicada. “En las democracias avanzadas es imprescindible para su buen funcionamiento un escrupuloso respeto por las instituciones públicas. Y para conseguirlo es absolutamente fundamental que las mismas mantengan su neutralidad ante las diferentes opciones partidarias, no confundiendo la libertad individual de expresión con las declaraciones institucionales”, señala el autor de Combate por la Concordia, un libro en el que el historiador trata de buscar una salida en Cataluña.

Los rectores, "depositarios de la institucionalidad"

La posición de Roberto Fernández llega después de que el Tribunal Supremo haya dictado una sentencia en la que señala que la Universidad Pompeu Fabra --que tendrá en breve al economista Oriol Amat, exdiputado de Junts pel Sí en 2015, como nuevo rector-- vulneró la Constitución y la legislación electoral cuando su claustro aprobó, en pleno periodo electoral --otoño de 2019-- un manifiesto en contra de la sentencia del procés y en apoyo de los “presos políticos”.

El independentismo no ha dejado de presionar a los rectores y a toda la comunidad académica, pero ahora ha recibido la contestación de parte de esa comunidad universitaria. Roberto Fernández señala cuál debe ser el papel de los rectores ahora, en estos momentos de la vida política en Cataluña: “Los rectores son los depositarios de la institucionalidad, y en ejercicio de su cargo tienen la obligación deontológica de velar por ella, aunque a veces eso pueda comportarles situaciones difíciles al incomodar a parte de los miembros de la academia universitaria o de la sociedad”.

Pancarta contra Roberto Fernández en su etapa de rector de la Universidad de Lleida.

Tras la sentencia del Supremo sobre la Pompeu Fabra, activistas independentistas como Pilar Rahola acusaron al tribunal de vulnerar la libertad de expresión, y vieron en la sentencia un atentado a ese derecho.

Pero los posicionamientos ya habían llegado con el caso de la Pompeu Fabra en el mismo otoño de 2019. Y con diferencias, de hecho, en el mismo Gobierno español. El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, fue taxativo: “Mi total apoyo a los profesores que exigen la retirada de los manifiestos en las universidades catalanas. No podemos permitir que las ideas de unos se conviertan en la mordaza de otros. Contra el control ideológico y por la convivencia en la universidad”. En cambio, el ministro de Universidades, Manuel Castells, defendió la “autonomía universitaria”.

"Desnaturalizar" la universidad

Fernández defiende que los rectores y que toda la comunidad universitaria esté pendiente de los debates sociales. Pero insiste en la defensa de la neutralidad. “En un contexto democrático como el catalán, politizarse en el sentido genérico de mejorar la realidad no es convertirse en representante partidario, como institución pública, de unas de las opciones políticas que discuten el futuro de Cataluña. Para ello están las instituciones políticas encabezadas por nuestro querido Parlament”, sostiene.

Barricada independentista con material universitario en la UPF

Y añade, al ser reclamado sobre qué papel, finalmente, debe cumplir la universidad pública, que “como institución no debe convertirse en su funcionamiento en el lugar de confrontación de los partidos que conforman el arcoiris ideológico y político de un país”. Con ello, Roberto Fernández insiste en que “no puede ser un parlamento paralelo”. Lo formula como pregunta: “¿Acaso es de recibo que los consejos de gobierno o los claustros se conviertan de facto en parlamentos paralelos donde actúan las diferentes fuerzas políticas? ¿Acaso eso no desnaturalizaría la función de una universidad pública?".

El independentismo, a la defensiva

Así lo ve también el colectivo Universitaris per la Convivència, que ha fiscalizado todas las acciones que pudieran romper esa necesaria neutralidad. La sentencia sobre la Pompeu Fabra, cuya decisión apoyaron el resto de universidades y que se ofreció al presidente de la Generalitat, fue el fruto de esa actividad del colectivo. Fue el resultado de un proceso iniciado ante la Junta Electoral Provincial de Barcelona por Andrés Betancor, catedrático de Derecho Administrativo de la UPF y miembro de esa asociación. Tras una resolución desfavorable, apeló a la Junta Electoral Central, que sí le dio la razón. Y, posteriormente, la UPF recurrió ante el Tribunal Supremo, que ha ratificado el acuerdo de la Junta Electoral Central.

Esa decisión se une a otras dos en defensa de la neutralidad de la universidad pública. Primero se trató del amparo del Defensor del Pueblo y luego del juzgado número 3 de Barcelona, por el mismo motivo del manifiesto de los claustros universitarios, en este caso respecto a la Universitat de Barcelona. El juzgado condenó a la UB por vulnerar los derechos fundamentales a la libertad ideológica y a la libertad de expresión de sus profesores y alumnos y el derecho a la educación de éstos últimos, en una sentencia del 30 de septiembre de 2020.