Castells, sobre la sentencia contra la UB: "No soy un censor"

El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha afirmado este miércoles en el Congreso que ni él ni el Gobierno "entran" en los contenidos del manifiesto de apoyo de la Universidad de Barcelona (UB) a los políticos presos del procés independentista, después de que una sentencia judicial condenara la posición partidista de esta institución por haber vulnerado la neutralidad, el pluralismo y los derechos fundamentales a la libertad ideológica y de expresión de sus profesores y alumnos, y el derecho a la educación de estos.

Castells, que llegó al cargo avalado por los comuns, y que ha expresado en varias ocasiones su afinidad con el independentismo y sus dirigentes, ha evitado reprobar el manifiesto de la UB dando a entender que no es partidista y que solo alude a "valores éticos fundamentales", pues referirse a cuestiones de interés social forma parte del "pensamiento crítico universitario y de la función social de la universidad".

"Posicionamiento político no partidista"

A su modo de ver, las universidades "no deben ni pueden expresar un apoyo explícito a partidos políticos de ningún gobierno", y "esa es la neutralidad política, no otra. No es la indiferencia ante lo que pasa en el mundo o ante Derechos Humanos percibidos como abusados". "Percibidos, no digo que sean", ha matizado. "Eso sería reducir la universidad a una especie de burocracia expedidora de títulos y eso no va a ser bajo mi ministerio", ha manifestado el ministro.

Siguiendo este razonamiento, según Castells, para temas "de orden general y ético", las universidades tienen "libertad" para hacer pronunciamientos y "generar opinión", pues así "expresan con mucha frecuencia posicionamientos de orden político, social, económico, cultural, legal, distintos de la toma de posición partidista".

"Sistema de censura previa"

También ha señalado que en los últimos tiempos han habido "múltiples" tomas de posición de las universidades españolas, como el rechazo de la Conferencia de Rectores (CRUE) a la invasión de Irak, en la que participaba el Gobierno español de entonces: "Es una implicación directamente política, pero que se hace en nombre de valores éticos universales", ha remachado.

"La decisión acerca de cuándo esas posiciones cruzan la línea roja de neutralidad, tal como la ha entendido el Tribunal Constitucional, no es algo que pueda establecerse a priori. Tal pretensión supondría instaurar un sistema de censura previa gubernamental para las decisiones dotadas de un órgano de autonomía constitucional", ha sostenido. De esta forma, Castells ha dicho que si el Ejecutivo "pretendiera establecer motu proprio dónde está ese límite para la neutralidad estaría actuando de manera inconstitucional, ilegal e ilegítima en un sistema democrático".

El caso de la UAB

Castells ha respondido así a una interpelación urgente de Ciudadanos (Cs) sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para garantizar el cumplimiento de los principios de neutralidad e imparcialidad institucional de las Universidades en Cataluña.

La portavoz de Educación de Cs, Marta Martín, le ha advertido de que "el caso de la UB no es anecdótico" y le ha puesto otro ejemplo recordando que un juzgado sentenció que otro centro público, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), también vulneró en su día los derechos fundamentales de los estudiantes constitucionalistas de Joves de Societat Civil Catalana (Joves SCC-UAB), obligando a dicha institución a permitirles que se pudieran inscribir en el directorio de colectivos del Campus de Bellaterra.

"El Gobierno acata las sentencias"

El titular de la cartera de Universidades ha comenzado su intervención poniendo de manifiesto que estas cuestiones son "complejas" y tienen que ser tratada "con la máxima tolerancia, precisamente siguiendo el principio universitario".

En este sentido, Castells ha afirmado que el Gobierno acata las sentencias judiciales "y no las comenta ni las discute". "El Gobierno, en cumplimiento del principio de división de poderes, no interviene en las decisiones de los órganos jurisdiccionales que juzgan y hacen ejecutar lo juzgado", ha comentado, para luego escudarse en que la rendición de cuentas de los actos administrativos de las universidades catalanas debe hacerse ante la comunidad autónoma correspondiente, en este caso la Generalitat de Cataluña.

"Libre expresión"

Según el ministro, el Gobierno "garantiza la neutralidad política de las enseñanzas universitarias" y "no interviene en el proceso educativo universitario, como sucede en cualquier sistema democrático en el que se garantiza la libertad de cátedra y la autonomía universitaria".

En el turno de réplica, la portavoz de Educación de Ciudadanos ha preguntado qué hace Castells siendo ministro si "no puede hacer nada para garantizar la neutralidad ideológica de las universidades", porque depende de la institución o de la comunidad autónoma.

El Gobierno no protege a todo el mundo

Además, ha defendido que la libertad de expresión "no es colectiva", sino que los sujetos de este derecho son los docentes, los alumnos y el personal de administración y servicios. "¡Basta ya de inhibirse! ¡Basta ya de fingir que no hay ningún problema!", ha exclamado la diputada, acusando al Gobierno de no estar protegiendo a "todos" los alumnos y a los docentes.

"Lo único que no voy a ser es censor de la libertad de expresión de nadie y aseguraré, con todos los medios legales al alcance de nuestro Gobierno, la libre expresión de todas las opiniones en un espacio de tolerancia en el conjunto de la universidad", ha respondido Castells.