Ada Colau loa ahora la colaboración público-privada

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, ha loado hoy la colaboración público-privada. La primera edil ha elogiado el papel de las empresas en la Ciudad Condal, aunque lo ha hecho tras conocerse que el gestor de inversiones Conren Tramway pagará la transformación de la antigua fábrica Mercedes-Benz, que incluye 600 pisos protegidos y equipamientos para la Administración local. 

Durante la presentación de la intervención urbana, Colau ha ensalzado "la colaboración público privada". Ha dicho que "hay muchas formas de colaborar" entre Administración y empresas, y que la del ayuntamiento y Conren se ha basado en "el diálogo y la escucha" para impulsar un proyecto "enriquecedor, que busca el beneficio de la ciudad y está alineado con los objetivos de esta". 

Conren pagará todo el proyecto

Según la munícipe, la colaboración público-privada, que ella misma o concejales de su gobierno han denostado en el pasado, ha ayudado aquí a "generar sinergias en el territorio" para impulsar lo que será una "inversión estratégica" en 90.000 metros cuadrados. 

Las declaraciones de Ada Colau, no obstante, están muy marcadas por la presentación de hoy. Conren Tramway, un asset manager y gestor de inversiones, pagará toda la reurbanización de la antigua fábrica Mercedes-Benz de Barcelona, ahora abandonada. Levantará 870 viviendas privadas, sí, pero también aportará 580 pisos sociales a la raquítica cartera del consistorio municipal. Y equipamientos que están por definir "con un proceso participativo vecinal". 

Guerra a las empresas

El discurso de Colau de hoy, si bien sesgado por el favor económico del privado en la Mercedes-Benz, aleja a la alcaldesa de intervenciones y políticas anteriores que enfrentaron a su gobierno al sector privado. Cabe recordar que la primera edil y BComú, su partido, han arremetido o sancionado a Airbnb, los cruceros, Uber, Agbar, la Sareb, los patinetes eléctricos, Serveis Funeraris de Barcelona (Sfb), gestores de inversión como Azora o Vauras o fondos como el que proyecta una subsede del Museo Hermitage en la capital catalana. 

De hecho y tal y como avanzó este medio, el Ejecutivo local tiene encallados 40 millones de euros en litigios con empresas que han buscado amparo a los tribunales por las políticas del ayuntamiento.