Colau tiene encallados más de 40 millones en litigios con empresas

Son los números que aparecen en la liquidación del presupuesto de la Administración local para 2019, cuentas a las que ha podido acceder este medio. Según el informe financiero, el consistorio acumuló tres litigios en 2019 que generarán "una salida de recursos para liquidar la obligación" el próximo año. El ayuntamiento desconoce la cuantía de las tres reclamaciones, pero ve "probable" el riesgo de que hagan un agujero en la caja común.

Hasta 17 contenciosos

En el capítulo de pasivos contingentes, el área económica del ayuntamiento que pilotan de forma coordinada Barcelona en Comú y PSC, cuenta hasta 17 asuntos contenciosos "en tramitación en juzgados y tribunales que se califican con riesgo posible". La cifra total que reclaman las empresas en estos procesos alcanza los 38,48 millones de euros. Tres de las acciones judiciales corresponden a una única empresa a quien el ayuntamiento ordenó cesar la actividad "distinta a la autorizada". Su dueño pide 17,10 millones al consistorio.

Otros 10,45 millones de euros del presupuesto municipal para 2021 podrían tener que cubrir la "liquidación definitiva de un convenio de colaboración". Las cifras se sumarían a un recorte de las inversiones ya acometido este año, tal y como avanzó Metrópoli Abierta. El consistorio tuvo que pasar la tijera por la caída de la recaudación producto de la pandemia.

"No hay provisiones"

Consultada por la cuestión, una portavoz del Ayuntamiento de Barcelona ha defendido que las 20 peticiones de amparo a los tribunales ante la Administración local "son litigios con riesgo de un importe determinado en el momento en el que se encontraban [a cierre de ejercicio]".

"Con lo que respecta a las provisiones --ha continuado la misma representante--, las normas de contabilidad establecen que los pasivos contingentes no dan lugar a ninguna provisión. Estos importes, por normativa, no se provisionan en el proyecto de presupuestos, sino al cierre del ejercicio y, además, en contabilidad financiera". Preguntada sobre qué empresas reclaman dinero al ayuntamiento y qué cantidad, la fuente oficial no ha aportado respuesta.

Una inmobiliaria le pide 25 millones

Sean cuales fueren los asuntos judiciales, el gobierno municipal de Barcelona ha generado reclamaciones de empresas en varios campos. La inmobiliaria Vauras Investment SL pide 25 millones de fianza al bipartito municipal en el marco de una denuncia por connivencia con los okupas. La firma inmobiliaria finlandesa exige también imputar a dos concejales por seis delitos relacionados con el presunto compadreo con los allanadores de un bloque situado en la calle Lleida.

Previo a ello, Ada Colau libró una cruda guerra contra los pisos turísticos, vetó los inversores hoteleros --abortó nuevas aperturas de alojamientos de las marcas Four Seasons y Hyatt, por ejemplo--, se enfrentó a Airbnb y Uber y, más recientemente, ella misma o miembros del consistorio que lidera han atacado a Amazon y han anunciado un no a la propuesta de abrir una subsede del Museo Hermitage en la capital catalana. Contenciosos todos ellos con impacto en las arcas públicas municipales.