El Ayuntamiento de Barcelona evitó personarse en la fase dura de la instrucción del caso por el intento de quema de un furgón de la Guardia Urbana durante las revueltas contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. El Gobierno municipal ha pedido ser parte cuando la calificación de los hechos, las imputaciones o los autos de prisión provisional ya han concluido y se han emitido, por ejemplo. 

Lo ha denunciado el sindicato CSIF aportando documentación a este medio, incluida una carta interna del jefe de Relaciones Laborales del consistorio a los 13.000 funcionarios municipales. En la misiva, Vicenç F. Serrano admite que la Administración local envió su solicitud al juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona para personarse como "acusación particular" el 31 de marzo. Si el juez la rechaza, el Ejecutivo pedirá ser "perjudicado". El togado aún no ha emitido resolución al respecto, sostiene Serrano. 

Se saltó las peticiones de prisión...

Un portavoz municipal ha confirmado los hechos, indicando que "hace días" que la solicitud está enviada, lo que demuestra la "voluntad" del Ayuntamiento de ser acusación en el procedimiento judicial, en el que ocho personas --una salió en libertad con cargos tras ser exonerada parcialmente por una prueba pericial-- están investigadas por homicidio en grado de tentativa, desórdenes públicos, daños, atentado a agente de la autoridad, manifestación ilícita y pertenencia a grupo criminal. Preguntada para mayor abundamiento, la fuente oficial ha recordado que las personaciones requieren de informes jurídicos --lo que explicaría el retraso--, rehusando aportar más comentarios. 

En definitiva, el consistorio ha pedido ser acusación particular, pero lo ha hecho tarde. Queriéndolo o no, el Ayuntamiento de Barcelona se ha saltado la fase inicial de la instrucción, cuando estaba en juego la retirada de pasaporte de los acusados, posibles peticiones de prisión provisional --que se acabaron sustanciando--, la calificación penal de los hechos y las imputaciones de los ocho radicales.

... Y evita los titulares

Con ello, el Ejecutivo local ha evitado la imagen --y titulares periodísticos-- de los abogados municipales teniendo que pronunciarse sobre la entrada en prisión provisional o no de los detenidos por, presuntamente, tratar de quemar un furgón con un agente dentro. El bipartito de Ada Colau ha fintado, de forma voluntaria o no, interpretaciones sobre una postura contundente con el ataque con fuego al vehículo policial y a la comisaría de la Urbana de Las Ramblas el 27 de febrero. 

De hecho, no es la primera vez que el gobierno municipal exprime la política al máximo para evitar ser excesivamente beligerante con los vándalos. Ya ocurrió en el pleno municipal de febrero, cuando BComú condenó la violencia en las calles por Hasél, pero pidió también el indulto para el rapero. ERC y Junts apoyaron la proposición. El partido de la alcaldesa, no obstante, se desmarcó de otra moción entrada por el PSC, su socio de gobierno, en la que también se condenaba sin ambages la violencia, se apoyaba a todos los cuerpos policiales y se arropaba a los comerciantes afectados por los saqueos. El texto salió adelante con los votos de los socialistas, Cs, PP y BCN pel Canvi. BComú lo esquivó. 

El consistorio aún no es acusación

Eso es lo mollar: el ayuntamiento ha tardado un mes en pedir ser acusación particular en el presunto intento de quemar vivo a un funcionario municipal que estaba en el vehículo. El agente de la Unidad de Refuerzo a las Emergencias y la Proximidad (UREP) de la Guardia Urbana. Sobre el papel hay otra arista: la Administración local no era, a día de ayer, 7 de abril, parte en el procedimiento.

No lo es porque aunque envió la solicitud el 31 de marzo, y esta no se ha proveído. El juez no ha resuelto sobre ella y no ha avisado al resto de partes. Es lo que reconoce Serrano en su carta interna a los 13.000 funcionarios municipales: el titular de la sala de Instrucción número 2 de Barcelona aún no se ha pronunciado sobre su petición de ser acusación particular. Preguntada sobre la cuestión, al cierre de esta edición, los responsables de los tribunales de la ciudad no había contestado a la pregunta de si el juez ha visto la solicitud municipal. 

CSIF ve "desprotección a la Guardia Urbana"

Sí ha respondido a ello un portavoz del CSIF. El sindicato, que sí es parte en el procedimiento, ha corroborado la versión del secretario de Relaciones Laborales y ha insistido en que el Ayuntamiento de Barcelona "aún no es acusación" en el intento de quema de un furgón de la Guardia Urbana. Al menos hasta que el juez lo autorice "o lo rechace", recuerda Eugenio Zambrano, portavoz de Administración Pública. 

Según el activista, la lentitud en la personación como acusación del Ayuntamiento --que la Administración atribuye a la necesidad de elaborar informes jurídicos-- "es deliberada" y se explica por "pura política: la voluntad de arropar a los antisistema quedando fuera de la primera fase de la instrucción". Ello, en opinión de Zambrano, constituye una "postura política que genera desprotección a la Guardia Urbana y, por ende, del global de los funcionarios municipales". CSIF sostiene que la postura del gobierno de Colau con los radicales es "tibia", como "ha ocurrido en otras ocasiones".