La oposición fuerza a Colau a explicarse por las presuntas irregularidades

La oposición municipal ha forzado hoy al Ayuntamiento de Barcelona a prepararse para explicar su gestión por los casos de presuntas irregularidades como la concesión directa de 3,4 millones de euros de subvenciones sin concurso, un asunto que investiga la Fiscalía Provincial. 

Todos los grupos, también los dos que forman el Ejecutivo local, han aprobado una proposición defendida por Barcelona pel Canvi que pedía al bipartito sociocomún "presentar un informe de evaluación del código ético y de conducta del Ayuntamiento de Barcelona en materia de cumplimiento del código". La resolución, obra de Eva Parera (ver vídeo superior), ha recibido el apoyo de todas las fuerzas tras ser transaccionada con el gobierno local. 

"Explicar lo que hay qué mejorar"

En un tono propositivo, Parera ha defendido la necesidad de que el Ejecutivo local se explique para que los partidos se cercioren de "si hay campos de mejora en la actuación municipal y si hay algo que se haya hecho mal". En cualquier caso, la concejal ha avisado que "no quería hacer juicios paralelos en relación a lo aparecido en los medios de comunicación", aunque sí ha recordado que "está en juego el buen nombre de la institución". Por ello, ha defendido, se impone saber cómo cumple el bipartito el código ético. 

La proposición aprobada en Comisión de Presidencia by Ignasi Jorro on Scribd

Ha recogido el guante Laia Bonet, tercera teniente de alcalde y responsable de transparencia. Bonet ha argumentado en favor de la labor del comité de ética municipal, que reporta al pleno y no al equipo de gobierno, y cuyas recomendaciones emanan de las denuncias, también las vehiculadas desde el buzón anónimo de transparencia. 

Subvenciones, Pin y los contratos

Otros grupos han sido más críticos. La propia ERC ha avisado de la necesidad de "generar confianza" de la ciudadanía disipando "cualquier sombra de sospecha" en la actuación de la Administración local. Lo ha verbalizado Elisenda Alamany, quien ha recordado que el abuso de las subvenciones directas, como las que investiga Fiscalía a Observatori Desc, "no ayudan precisamente a generar confianza". 

Desde Junts han recordado estas ayudas públicas, casos como los contratos municipales a Inipro, salpicada por el caso homónimo, o la recolocación de la exconcejal Gala Pin en Goteo, una fundación subvencionada. Jordi Martí, portavoz, ha citado "el gasto en publicidad" del bipartito o los contratos menores por un euro menos del límite legal. PP y Ciudadanos, a su vez, se han mostrado "comprometidos con la transparencia" y han apoyado el texto. 

Problemas legales

La exigencia al gobierno municipal de Barcelona de presentar un informe sobre el cumplimiento del código ético municipal llega tras una semana en la que el Ejecutivo local ha visto como zozobraba su posición por problemas legales. El golpe más duro lo dio Fiscalía el martes, cuando incoó diligencias por verificar si hubo ilícitos penales en la concesión de subvenciones directas del ayuntamiento a Observatori Desc o Enginyers sense Fronteres tras una denuncia de Abogados Catalanes por la Constitución. 

Antes de ello, Janet Sanz, teniente de alcalde de Urbanismo, acudió a declarar ante el juez que instruye el caso Buenos Aires, en el que la concejal de BComú figura como investigada por cuatro presuntos delitos. En paralelo a ello, vecinos de Barcelona han avanzado que denunciarán al concejal Eloi Badia por supuesta prevaricación y delito medioambiental por un plan urbanístico que se comerá una pastilla verde junto a la Ronda de Dalt, como avanzó Metrópoli Abierta.