Justicia asigna un contrato funerario a 0 euros a una empresa investigada

Así lo denuncian fuentes del sector. Señalan el lote 5 del contrato Servicio de recogida y traslado de cadáveres judiciales en el ámbito geográfico de la GT, el que atañe a los partidos judiciales de Valladolid, Medina del Campo y Medina de Rioseco  Esta licitación salió por 11.461,12 euros en septiembre de 2020. Finalmente, Justicia ha confiado en Funeraria Castellana, del Grupo El Salvador. Por cero (0) euros. 

Temerario y peligro de precariedad...

Desde el sector funerario no se da crédito a una contrata pública que implicará que la empresa lo explote a pérdida. Directivos consultados por Crónica Global advierten de que la oferta "es temeraria", lo que podría haber excluido a otros operadores interesados. 

Funeraria Castellana tendrá que provisionar fondos para un servicio al Ministerio de Justicia que le reporta cero ingresos. Ante ello, se encienden también las alarmas sindicales ante una posible vulneración del convenio colectivo del sector de los trabajadores funerarios, y que rige también el año en curso. "¿Quién pagará los salarios del personal que retira cadáveres si la contrata se ha adjudicado gratis?", se quejan las mismas fuentes. Asimismo, otros interlocutores enmiendan que Justicia saque a concurso contratos funerarios en plena pandemia, cuando muchos otros se han prorrogado por la situación de tensión que vive este sector. 

...y la empresa está investigada

Hay más. El ministerio ha adjudicado un contrato público, por bien que menor, a una empresa investigada por supuesta estafa. El caso judicial se remonta al 31 de enero de 2019, cuando una macrooperación de la Policía Nacional cercó las instalaciones de Funeraria Castellana-Grupo El Salvador en Valladolid. Los agentes buscaban pruebas de un delito de estafa continuada por medio del cambio de ataúdes en el último momento.

El juez que tuteló la operación, el titular de la sala de Instrucción número 6 de la capital provincial, cree que el grupo funerario cambiaba los féretros que pagaban los familiares de los difuntos en el último momento. Así, incurriendo en una estafa, se habrían ahorrado costes. Esta práctica pudo haberse extendido en el tiempo e incluir, también, las coronas de flores. La operación, que movilizó también a agentes de la Agencia Tributaria, conllevó el registro de la sede central de Castellana, en la calle Angustias de Valladolid. El proceso judicial continúa. 

Silencio del Ministerio

Preguntado por el porqué de la contrata y su valor, y por las posibles consecuencias de asignar un encargo, el Ministerio de Justicia no ha contestado. Tampoco lo ha hecho Funeraria Castellana, vinculada a la familia Morchón.

Hace unas semanas, la compañía se defendía de las sospechas judiciales. Alegó que la presunta estafa de los ataúdes le había causado un "daño irreversible". Según el conglomerado, la familia propietaria y los trabajadores viven un "calvario" desde enero de 2019, cuando se lanzó la operación para atajar el cambiazo de féretros. El grupo funerario tilda de "kafkiano" el proceso y defiende que su actividad se ha desarrollado siempre de forma "normal".