La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) ha lanzado una investigación de la externalización del rastreo de contactos de casos de coronavirus que hizo el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) a Ferroser, filial de Ferrovial. El fiscalizador busca indicios de "desvío de fondos públicos" en el contrato, que el Departamento catalán de Salud rescindió el 31 de enero de este año tras meses de polémica. 

Lo ha avanzado Diari de Girona, que ha precisado que la actuación de Antifraude emana de la denuncia de un particular: un restaurador de la provincia que llevó la contrata pública de casi 18 millones de euros al organismo porque percibió irregularidades. El caso ha pasado la fase de verosimilitud, que dura 30 días, y ya se ha abierto investigación. 

Posible "desvío de fondos públicos"

La Oficina que pilota Miquel Àngel Gimeno trata de recabar indicios de un posible "caso concreto de desvío de fondos públicos o cualquier otro aprovechamiento irregular derivado de conductas que comporten conflictos de intereses o uso en beneficio privado de informaciones derivadas de las funciones propias del personal al servicio del sector público". 

La investigación de Antifraude no presupone culpabilidad "ni prejuzga", deja claro el ente, al Departamento catalán de Salud, del que pende Emergencias. Sí que podría tener consecuencias graves. Una investigación de Antifraude puede acabar de diversas formas. Una de ella es dando traslado del caso a Fiscalía si afloran indicios sólidos de delito. Ello es así por un convenio de colaboración entre la Oficina y el ministerio público. 

Seísmo político

Por lo pronto, la apertura de una actuación de la Oficina Antifraude supone un pequeño seísmo político. Sugiere que pudo haber irregularidades, que se deberán probar, en la externalización del seguimiento de contactos de casos de coronavirus mediante scouts por parte del SEM. La privatización de facto del servicio, que avanzó El Confidencial, generó una tormenta de críticas. Llegó al Parlamento catalán, donde la oposición forzó a ERC, que controlaba la Consejería catalana de Salud por medio de la consellera Alba Vergés, a prometer la reversión del contrato. 

Ello no ocurrió de forma inmediata. Durante meses, los rastreadores de Ferroser-Ferrovial realizaron tarde y mal el seguimiento de contactos, lo que dificultó la contención de la pandemia, como explicó este medio. De hecho, las críticas al sistema fueron prácticamente unánimes desde el estamento sanitario. La censura de la externalización alcanzó el Colegio de Médicos, el sindicato Metges de Catalunya, mayoritario, y la casi totalidad de la parte social y corporativa. 

Salud ficha a su jefe

Cuando Salud anunció finalmente la reversión de la externalización a partir de 1 de febrero de 2021, la polémica siguió. Este medio desveló que la Consejería cortaba por lo sano y devolvía el rastreo a la Agencia de Salud Pública de Cataluña (ASPCAT), pero antes fichaba a Max Llobet, jefe del proyecto de seguimiento. De nuevo, la incorporación de Llobet al CatSalut generó una tormenta de críticas por parte de la oposición. La gran aseguradora pública catalana se defendió alegando que el exdirectivo de Ferrovial "no haría labores de rastreo". 

El seguimiento de contactos es ahora público, y se hace desde un edificio alquilado a Merlin Properties en la Zona Franca, como explicó Crónica Global. No obstante, el Govern prorrogó el año pasado el contrato de gestión del teléfono de emergencias sanitarias 061, que mantiene Ferrovial. Esta semana el Ejecutivo en funciones ha avanzado que tendrá que licitar de nuevo la contrata por el inesperado volumen de llamadas debido a la pandemia. En paralelo, Antifraude peinará otro acuerdo anterior con el mismo grupo para cerciorarse de si hubo conductas reprobables.