Cataluña no se quiere enterar de que España es una democracia plena

España es una democracia plena, según el índice anual que publica The Economist desde 2006, que sitúa al sistema político español en el grupo que encabeza el ranking de los 167 países analizados a través de 60 indicadores.

Las medidas adoptadas por los Gobiernos para luchar contra el Covid han provocado un retroceso generalizado de las libertades civiles en todo el mundo, lo que se refleja en el propio índice, cuya nota media ha caído del 5,44 de 2019 al 5,37 de 2020. Noruega (9,81), Islandia y Suecia figuran en cabeza, mientras que España (8,12) cae seis puestos respecto al año anterior, pero está por delante de Estados Unidos, Italia, Portugal e Italia. Corea del Norte ocupa el último lugar. 

Noticia de interés

La noticia no deja de tener interés porque una de las cinco grandes categorías que determinan esta clasificación “inteligente” se refiere a los procesos electorales, su transparencia y neutralidad. Y Cataluña está justo en el ecuador de uno de ellos, aunque también es verdad que tampoco es que sea algo extraordinario en el territorio, que en la última década ha vivido tres comicios autonómicos, cinco citas generales y tres municipales.

El interés vendría precisamente porque una buena parte de los partidos que concurren en estas elecciones ponen en tela de juicio la calidad de la democracia española e insisten en el uso de terminologías como “presos políticos”, “represión” o "exilio", como hace TV3, para cuestionar el régimen.

Los agravios contra el régimen

La chapuza de la Generalitat en el intento de anular las elecciones convocadas para el 14F y la intervención del TSJC, que anuló el decreto, dio origen a otra vía de cuestionamiento de la calidad democrática del país. Como ocurrió a continuación con la evolución de la pandemia, que supuestamente hacía imposible la celebración de elecciones, según las tesis de los partidos independentistas y su cosmos mediático. El último clavo ardiendo al que se aferra este mundo supuestamente agraviado por el régimen del 78 es precisamente el elevado número de personas que, habiendo sido movilizadas para ocupar un puesto en las mesas electorales, presentan alegaciones para no participar.

Las últimas 24 horas catalanas han estado presididas desde el punto de vista informativo por el informe del BCE que sitúa a España a la cola del uso de dinero público en la lucha contra el Covid, excluyendo de ese apoyo los casi 40.000 millones de euros gastados en los ERTE, y por aquel 20% de miembros de mesas electorales que el 14F prefieren quedarse en casa.

Ya no 'volem votar'

No es de extrañar que en este ambiente nacionalista tan poco partidario de la celebración de las elecciones (volem votar era el lema del activismo indepe cuando tenía buenas perspectivas electorales), los medios de comunicación catalanes hayan pasado olímpicamente del celebrado índice del The Economist.

Contrasta esa ormetà con el eco que ha encontrado en otras zonas del mundo, por ejemplo, en Latinoamérica, donde preocupa que solo tres naciones hayan sido incluidas en el grupo de democracia plena donde figura España y donde vive apenas el 8,4% de la población mundial, incluida Cataluña.