Roger Torrent (d) junto al letrado mayor del Parlament Joan Ridao (i) / EFE
¿Qué puede hacer un Parlament disuelto ante un gobierno roto?
PSC y Cs reclaman un mayor control del Govern en un escenario de provisionalidad que se puede alargar meses
20 enero, 2021 00:00Las motivaciones políticas planean sobre el decreto que aplaza las elecciones catalanas del 14 de febrero al 30 mayo, ahora suspendido cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Así, mientras los jueces se ciñen a razonamientos estrictamente jurídicos, los partidos se enzarzan en una bronca preelectoral. Lo hacen en un escenario mediático ya que, como se sabe, el Parlament está disuelto desde el pasado 22 de diciembre y el Govern está en funciones desde el 28 de septiembre de 2020.
La posibilidad de posponer los comicios, defendida por el Govern, Ciudadanos, comunes y la CUP, mientras que el PSC se opone frontalmente --que Salvador Illa se dispare en las encuestas de intención de voto no es ajeno a esas posturas partidistas-- prolonga el interinaje de un gobierno roto.
Así lo reconoció hace año el propio expresidente Quim Torra --de ahí su promesa de convocatoria electoral, repetidamente incumplida--. Pero es que, además, se alarga la situación de un Parlament con sus competencias reducidas y con la Diputación Permanente como encargada de velar por el control del Govern.
El peor escenario
Federalistes d’Esquerres, que ha recurrido ante el TSJC el decreto que aplaza las elecciones, resume perfectamente la situación generada: “La inexistencia de un titular de Presidencia, la disolución del Parlament, o la ausencia de un gobierno en plenitud, implican que no se pueden adoptar medidas, ni elaborar propuestas legislativas, ni preparar los presupuestos de 2021, ni convocar a las fuerzas sociales, educativas y empresariales para preparar y presentar proyectos de inversión en el marco del programa Next Generation de la UE”.
De ahí que PSC-Units haya solicitado un informe jurídico a los letrados del Parlament sobre las funciones de la Diputación Permanente. El objetivo es determinar la capacidad que tiene este órgano para ejercer el control del Govern en un escenario en el que sus funciones se alargarán en el tiempo.
Eva Granados, durante la entrevista en la redacción de Crónica Global, donde habló del independentismo y sus líderes / LENA PRIETO
Por su parte, Ciudadanos ha solicitado a la Mesa de la Diputación Permanente --que precisamente se reúne hoy-- la celebración de reuniones cada semana y la calendarización de sesiones de control del Govern, como mínimo, cada 15 días.
Fuentes de los servicios jurídicos del Parlament han explicado a Crónica Global que el artículo 75 del reglamento de la Cámara catalana regula las competencias de la Diputación Permanente “son muy amplias”, en la línea de lo asegurado por Aragonès y el presidente de la Cámara, Roger Torrent, ante las quejas de la oposición. Así, la Diputación se convoca por el presidente, a iniciativa propia o bien a petición de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de sus miembros.
Si los grupos parlamentarios proponen la convocatoria del Pleno en sesión extraordinaria, el presidente debe convocar necesariamente la Diputación Permanente para que decida sobre la cuestión. El orden del día de la Diputación es acordado por el presidente del Parlament y por los grupos parlamentarios.
Los miembros del Govern pueden asistir a las sesiones de la Diputación con voz pero sin voto. Los miembros del Parlament que no lo son de la Diputación pueden asistir a las sesiones de esta sin voz ni voto.
“No es tolerable que la Mesa de la Diputación solo permita a los diputados miembros de la misma el control al Govern que este esté dispuesto a ofrecer voluntariamente a la Diputación Permanente mediante sesiones informativas que dependan de su voluntad”, afirma Ciudadanos en su escrito.
