La precariedad de las educadoras infantiles le costará cinco millones al Govern

Un total de 900 mujeres, todas ellas temporales, algunas con 16 años de antigüedad. Son las técnicas especialistas en educación infantil (TEEI) que el lunes día 7 saldrán a la calle para decir ¡basta! a su precariedad laboral. No son el único colectivo de interinos de la Generalitat que se encuentra en esta situación, pero es uno de los más castigados.

“Se trata de un cuerpo creado en el curso 2004-2005 y compuesto al cien por ciento de mujeres. Nunca se han convocado oposiciones para técnico de educación infantil, de forma que muchas de las afectadas llevan hasta 16 años sin regularización su situación”, explica a Crónica Global el abogado Pau Albert Martí, que colabora con la Plataforma d’Interins de Catalunya (PIC) en la defensa de estas empleados. El lunes día 7, las TEEI se concentrarán ante la sede de la Consejería de Educación de la Generalitat para exigir soluciones.

La labor de estas técnicas es dar apoyo en las aulas de P3. Trabajan junto a los maestros tutores, y participan en la elaboración del material didáctico y en la observación del proceso de aprendizaje del alumnado para su posterior evaluación.

Trabajadores interinos por administraciones

Debido a la presión de las trabajadoras, así como de las sentencias judiciales que exigen la regularización de los interinos, el Govern suspendió cautelarmente en julio las oposiciones convocadas para esa disciplina. Tras conocer que la intención de la Generalitat es volver a convocarlas, las técnicas han decidido movilizarse. Y también acudir a los tribunales. “Unas 200 trabajadoras han decidido presentar un recurso contencioso contra la convocatoria. El Govern se enfrenta al pago de entre cuatro y cinco millones de euros de indemnización si se niega a hacerles un contrato indefinido”, explica el letrado.

Del total de 215.384 trabajadores de la Generalitat, 58.580 son interinos. Es decir, uno de cada tres, según los datos de la Consejería de Políticas Digitales y Administración Pública. 

Cuerpo superior y trabajadores sociales

En Cataluña hay otros dos procesos judiciales en marcha que afectan a interinos. Uno afecta al cuerpo superior y ha sido presentado por seis demandantes, aunque la precariedad afecta a un total de 700 personas. El otro corresponde a los trabajadores sociales, un total de 176, aunque solo uno ha decidido acudir a los tribunales. Durante años, los trabajadores sociales –conocidos anteriormente como asistentes sociales– quedaron en una especie de limbo, a la espera de que se convocaran oposiciones. Algo que la crisis económica impidió.

“El 90% de estos trabajadores son temporales y de larga duración, tienen entre 14 y 15 años de antigüedad. La convocatoria que ahora hace la Generalitat entra en contradicción con las resoluciones europeas”, añade Pau Albert Martí.

La sentencia del TJUE

El pasado 19 de marzo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó una sentencia en la que se instaba a las administraciones a hacer efectiva una directiva europea dictada en 1999 sobre la necesidad de regularizar la situación de los interinos. El sector privado sí que incorporó esa directriz –transcurridos tres años, las empresas están obligadas a hacer un contrato indefinido al trabajador o a rescindir el acuerdo–, no así los gobiernos.

En junio, un juzgado contencioso-administrativo de Alicante reconoció a una trabajadora interina la condición de fija con los mismos derechos que corresponden a funcionarios de carrera.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)

Finalmente, el 30 de septiembre, el TJUE volvió a dictaminar sobre la necesidad de que los Estados miembros establezcan sanciones suficientemente disuasorias sobre las administraciones que abusan de la temporalidad. Un mes después, el Juzgado Social 1 de Toledo emitió una nueva sentencia a favor de las trabajadoras del sector público en situación de abuso de temporalidad. Según la juez, la administración no se puede excusar con ningún tipo de justificación ante la evidencia de demandantes en clara situación de abuso de temporalidad.

El pasado 5 de noviembre, el pleno del Parlament dio luz verde a la proposición de ley contra la temporalidad en las administraciones y el sector público catalán. Una iniciativa de la CUP apoyada por todos los grupos políticos y que insufló nuevas esperanzas a la PIC. Pero la Cámara catalana se disolverá el 22 de diciembre, lo que hace temer a los afectados que esa tramitación tan esperada decaiga y vuelva a caer en el olvido.