La 'ley Celaá' aflora los incumplimientos del Govern con los centros especiales

Tres años desperdiciados. Esa es la sensación que cunde entre las familias y los docentes de los centros de educación especial en Cataluña. Este colectivo aún aguarda la inyección de fondos públicos prometida por el Govern tras la aprobación del decreto de escuela inclusiva en 2017. Decreto que, a día de hoy, todavía sigue sin ejecutarse. Ni se ha completado la transformación de las escuelas especiales en centros de recursos ni se han reducido las matriculaciones en este tipo de colegios. Al revés, en buena parte de ellos la demanda ha aumentado ante los incumplimientos de la Generalitat.

La tramitación de la ley Celaá en el Congreso de los Diputados ha hecho aflorar esta problemática. La ley orgánica propuesta por la ministra de Educación formula en su disposición adicional cuarta la progresiva conversión de los centros especiales en equipamientos de apoyo de la línea ordinaria. Pese a que la Generalitat planteó esta medida antes que el Gobierno, sus avances han sido irrisorios. En febrero de este año, solo 14 de las 106 escuelas de educación especial tenían la consideración de CEEPSIR (Centros de Educación Especial Proveedores de Servicios y Recursos). Un resultado que queda muy lejos de los objetivos iniciales esbozados por el Govern.

Un decreto pendiente de ejecución

Marta Sendra, vocal de escuelas de Dincat, no atisba las razones de este retraso. "Nuestra prioridad es que se despliegue el decreto para apoyar la conversión de los centros de educación especial. Por el momento hay poquísimos que hayan dado este paso y muchos de ellos lo han hecho sin contar con ningún apoyo económico", señala la representante de esta asociación empresarial del tercer sector. "Bargalló declaró en septiembre que era uno de los objetivos del curso. Pero estamos en noviembre y nos convocan a reuniones con expertos. No habrá ningún cambio de forma inminente", asevera.

El decreto de la Generalitat prevé que los colegios especiales guíen a los profesores de la línea general en la tutoría de los menores que hasta ahora cursaban sus estudios en la línea especial. La idea de la Consejería de Enseñanza es que solo los niños con mayores especificidades se eduquen al margen del resto del alumnado. Pero para lograr este trasvase de estudiantes, el sector reclama un desembolso importante en recursos humanos y materiales. "El decreto incluye programas de formación, refuerzos en la plantilla... esta red es la que debemos desplegar", indica Sendra.

Josep Bargalló, consejero de Educación de la Generalitat de Cataluña / EP

Las familias alzan su voz

Lo cierto es que las familias tienen muchas dudas sobre estos planes. Luis Rojo, vicepresidente de la plataforma Inclusiva Sí, Especial También, cuestiona la muerte anunciada de los centros de educación especial: "Agrupar a los niños es la opción más viable. Por un lado, se concentran los recursos económicos y, por el otro, los chavales se juntan con amigos con quienes tienen afinidad de intereses. Ambas modalidades son complementarias y, de hecho, es común que un niño que empieza a los cuatro años en un colegio de educación especial termine a los 12 en uno ordinario".

A la optimización del gasto y la atención personalizada, Rojo añade la delicada situación que atraviesan muchos jóvenes con discapacidad intelectual entre los 16 y los 21 años. "Hasta ahora podían estar en centros especiales y disfrutar de los programas de transición a la vida adulta. Ahora esto deberá planificarse en el resto de centros si no queremos retroceder hasta los años 50 donde la discapacidad era una molestia". Roser Royes, directora de la escuela Alba (Tàrrega), se pregunta cómo se materializarán estos cambios concretos: "Nosotros tenemos alumnos de las comarcas del Urgell y La Segarra. ¿Qué sucede si mientras nos desplazamos a un colegio para realizar un trabajo de apoyo dejamos desatendidos a nuestros alumnos? O nos dotan de más profesionales o tenemos menos alumnos, pero hay que planificarlo".

Un modelo de éxito

El portavoz de la plataforma también destaca que en muchos lugares se ha experimentado un aumento de matriculaciones justamente porque las familias se sienten a gusto con la docencia: "Los padres estamos contentos con este modelo. Si fuese algo segregador y terrible, seríamos los primeros en sacar a los niños de allí".

La ley Celaá se votará en la Cámara Baja el próximo miércoles y se prevé que la doble lectura del proyecto legislativo concluya en febrero o marzo del próximo año. ¿Tiene esperanzas de revertir los puntos más polémicos? "Nosotros vamos a seguir luchando y movilizándonos hasta el final. De lo contrario, en cuatro o cinco años los niños más pequeños se derivarán a las escuelas ordinarias y terminarán cerrando las especiales". Royes se muestra más optimista: "No desapareceremos porque hacemos un trabajo muy importante. Somos imprescindibles para el alumnado que termina la etapa obligatoria y también para el que tiene más afectaciones. Quizá sí que nos convertiremos en equipamientos de recursos, pero la necesidad de expertos en educación especial seguirá presente".

Inclusión sí... pero con recursos

Neus Payerol, presidenta de la Federación Catalana de Autismo, subraya que los derechos de la infancia siempre tienen que estar en el centro del debate. Sea un modelo u otro el que termine adoptándose, Payerol pide que "se aporten recursos especializados para cada afección": "Las personas con autismo no tienen las mismas necesidades que las personas con parálisis cerebral. Se habla de inclusión, pero no se las puede atender de forma general".

Payerol también sugiere que muchas familias que defienden a capa y espada los centros especiales lo hacen ante la triste constatación de la infradotación presupuestaria prometida por las Administraciones. "La inclusión solo se puede hacer con recursos. Hay que aprovechar todo el conocimiento que las escuelas de educación especial han recogido durante años, pero también respaldarla poniendo dinero", zanja.

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