Tremosa intenta limar asperezas con los empresarios con dos leyes olvidadas

El caos en la tramitación de las ayudas a los autónomos, que han tenido que enfrentarse a un doble colapso del sistema informático, ha puesto de manifiesto el problema con el que se enfrentan las pequeñas empresas y emprendedores en su relación con la Administración. Los datos son elocuentes: según un estudio hecho conjuntamente entre la Cámara de Comercio de Barcelona e Idescat, dos de cada tres empresas catalanas creen que las trabas burocráticas perjudican su competitividad. Y un informe de la empresa de gestión empresarial Sage advertía de que las compañías pierden 1.038 euros por segundo debido a esos recovecos administrativos.

Ramón Tremosa busca acercar al empresariado antes de las elecciones del 14 de febrero / CG

El fracaso de Artur Mas

Se trata de una cuestión que ya en 2011 intentó resolver el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, con la polémica ley ómnibus, que se saldó en un rotundo fracaso. El propio Mas así lo reconoció en una reunión con el presidente de Pimec, Josep González, tras la reforma de nada menos que 17 leyes.

Nueve años después, la ahora exconsejera de Empresa Àngels Chacón recuperó la idea de facilitar las gestiones “para la generación de riqueza y puestos de trabajo” y reducir el calvario administrativo que sufren las pequeñas empresas a la hora de pedir licencias, obtener financiación o acceder a ayudas. El 95% de las 620.000 compañías que hay en Cataluña tienen menos de 10 trabajadores, de ahí la importancia --explicó Chacón en una comparecencia parlamentaria el pasado julio-- de impulsar una ventanilla única y la tramitación digital. Tras el desastre en la gestión online de las ayudas, parece que al Govern le queda un largo camino por recorrer.

Tramitación por vía de urgencia

No obstante, PSC, PP, Ciudadanos y Catalunya en Comú están de acuerdo con ese proyecto tramitado por la vía de urgencia, que ahora se encuentra en fase de enmiendas y que, tras el cese de Chacón --víctima de la purga de Carles Puigdemont--, retoma Tremosa. “Estamos de acuerdo con el proyecto, pero tenemos dudas en algunos aspectos que esperamos se clarifiquen en las enmiendas. Por ejemplo, la brecha digital, pues hay autónomos que carecen de una digitalización adecuada, o la necesaria unificación de la normativa en materia urbanística, ya que cada ayuntamiento tiene sus propias normas”, explica el diputado de Ciudadanos Josep Maria Cano.

Cano objeta, no obstante, que el Govern “ha tenido toda la legislatura para aprobar esta ley”. Una apreciación que también hace la diputada de PSC-Units Alícia Romero, quien considera que uno de los problemas principales con los que se enfrentan empresas y emprendedores es el acceso a la financiación. Duda de que el proyecto pueda aprobarse antes del 14F pero, en cualquier caso, “se debe evitar que la ley genere dificultades al mundo local”. Romero también subraya la necesidad de garantizar “un correcto despliegue tecnológico de las administraciones, pues no todas están adaptadas”. El caos registrado esta semana así lo demuestra.

La regulación de las APEU

El segundo proyecto que también se tramita por vía de urgencia y cuya relatora ha sido Elsa Artadi, diputada de Junts per Catalunya, es la ley de las áreas de promoción económica y urbana (APEU). Esta norma comenzó su trámite parlamentario el pasado octubre y fue Tremosa quien la presentó ante el pleno. La normativa aprobada por el Parlament plantea la creación de las APEU, entidades basadas en la colaboración público-privada cuya finalidad “es mejorar la calidad del entorno urbano, consolidar el modelo de ciudad compacta, compleja, cohesionada y medioambientalmente eficiente”. Un nuevo modelo de gestión, en definitiva, de áreas de concentración de actividad empresarial, ya sea de carácter comercial, turístico, industrial y/o de servicios

Estas asociaciones privadas no lucrativas estarían tuteladas por el municipio. En este caso, los comunes presentaron enmienda a la totalidad, apoyada por la CUP, al discrepar de esa presencia privada. Cano está de acuerdo con la ley, pero considera que “queda por definir el papel de los municipios, que querrán decidir y evitar que algunos aspectos sean inconstitucionales”. Romero cree que la ley llega tarde, pero que ayudará al comercio. De hecho, en junio de 2019, cuando el ahora expresidente Quim Torra hizo balance de su primer año de gobierno, el PSC reprochó que no se hubiera presentado todavía esa ley, a pesar del compromiso adquirido.

Tremosa ha pisado ahora el acelerador.

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