La justicia catalana afronta la segunda oleada del Covid sin ordenadores

La Generalitat se enreda en la supuesta obligatoriedad del teletrabajo en las empresas, pero deja al descubierto a los juzgados catalanes que gestiona, que afrontan la segunda ola de Covid sin suficientes ordenadores. De los 3.000 portátiles prometidos por la Consejería de Justicia, que es la competente en la logística informática, los funcionarios solo han recibido 400. Ello no significa que esos equipos funcionen ya a pleno rendimiento, pues el trabajo a distancia exige complejos mecanismos que garanticen la seguridad jurídica de las partes.

La consejería se comprometió a entregar 3.000 portátiles a los funcionarios antes de que finalizara octubre con la finalidad de que puedan hacer teletrabajo en los órdenes civil, contencioso, social y mercantil. Según las normas establecidas en los juzgados a raíz del Covid-19, entre un 30% y un 40% de la plantilla, de forma voluntaria, puede teletrabajar tres días a la semana.

Dificultades en el orden penal

En el orden penal es más difícil porque no está conectado al sistema informático e-justícia.cat, es decir, sus expedientes son en papel y, por tanto, la mayoría de la actividad que se desarrolla es presencial. La videoconferencia se está utilizando en esta jurisdicción para tomar declaración online durante la prestación del servicio de guardia, pero los jueces son reticentes porque consideran que puede vulnerar el derecho de los encausados.

Según la consejería, la inversión total es de 370.000 euros, de los que 170.000 corresponden a los portátiles y 200.000 a la habilitación de los aparatos domésticos. Una vez finalice la implantación, un total de 5.650 empleados del ámbito de la Administración de justicia en Cataluña estarán preparados para teletrabajar, el 64,2% de todo el personal.

Cada ordenador cuesta 980 euros

Según fuentes del Sindicato de Trabajadores Administración de Justicia de Cataluña (STAJ), el uso de ordenadores para realizar el teletrabajo es voluntario y está pendiente de que los representantes de los trabajadores se reúnan con la consejería para fijar los criterios de uso para ajustarlos a las normas procesales. “Cada ordenador cuesta unos 980 euros. Pero no basta con la entrega. Es necesario extremar la seguridad jurídica para evitar que se lesionen los derechos fundamentales”, explican estas fuentes.

La consejera de Justicia Ester Capella durante la inauguración de un nuevo juzgado en Reus (Tarragona) / EUROPA PRESS

Tampoco ha sido especialmente ágil el Govern en la creación de un protocolo para realizar videoconferencias. Tal como explicó Crónica Global, la falta de un manual oficial obligó a los funcionarios a pasarse manuales sobre cómo celebrar vistas online. Además, la formación impartida a los trabajadores de los juzgados llegó tarde y mal: en el mes de marzo, los juzgados ya tuvieron que cambiar los protocolos y la formación no se hizo hasta junio. La segunda ola de coronavirus acentuará, denuncian los sindicatos, esas carencias. La Generalitat tiene competencias en esa logística, pero siempre en base a las directrices del Ministerio de Justicia y el resto de comunidades autónomas que tienen transferidas esas funciones.