El Govern pone trabas al teletrabajo en la justicia
La falta de un protocolo, así como una formación que llega tarde y mal, obliga a los funcionarios a pasarse manuales sobre cómo hacer videoconferencias y contribuye al colapso
8 octubre, 2020 00:00El teletrabajo también ha llegado a los juzgados. Pero el Departamento de Justicia de la Generalitat no acaba de desplegar las medidas necesarias para garantizar el buen uso de las videoconferencias. A la falta de un protocolo, que obliga a los funcionarios a pasarse manuales sobre cómo celebrar vistas online, se une una formación que llega tarde y mal. Todo ello contribuye a aumentar los retrasos en los tribunales. Así, siete meses después de que estallara la pandemia, todavía no se ha regulado este nuevo sistema y se llega incluso a situaciones de colapso.
La diputada de Catalunya en Comú-Podem Yolanda López formuló una pregunta parlamentaria dirigida a la consejería de Justicia sobre la formación de los funcionarios en esta materia tras constatar que “no se trata de una falta de recursos, es que no hay voluntad política”. “Nos consta que el personal de los juzgados se pasaba un manual entre ellos para poder conocer el sistema y darle uso”, desveló.
Retrasos en muchos juzgados
López explica a Crónica Global que “esta situación ha provocado que aumenten todavía más los retrasos en muchos juzgados”. “Y lo peor es que estamos viendo que el departamento no ha activado ningún protocolo ni tiene intención de hacerlo para acabar con el colapso”, advierte.
Según explica el departamento, cuya titular es Ester Capella (ERC), se han capacitado 447 salas de vistas en juzgados de toda Cataluña con un sistema nuevo para hacer videocomunicaciones y videoconferencias. Se trata del sistema Webex de la compañía de soluciones Cisco.
Las líneas Webex fueron adquiridas por el Govern el 26 de mayo y, del 11 al 22 de junio, se realizaron 23 sesiones informativas, impartidas por 32 formadores, todos ellos dinamizadores informáticos de la Dirección de Modernización de la Administración de Justicia, en las que “se ha capacitado a más de 2.000 profesionales de la Administración de Justicia en su uso y les ha facultado para tener plena autonomía en su gestión”.
"Tarde y mal"
Según la diputada de los comunes, el Govern “llegó tarde y mal, pues desde el mes de marzo, los juzgados ya tuvieron que cambiar los protocolos y la formación no se hizo hasta junio”. La consejería ha entregado 3.000 portátiles a los funcionarios con la finalidad de que puedan hacer teletrabajo en el orden civil, contencioso, social y mercantil. Según las normas establecidas en los juzgados a raíz del Covid-19, entre un 30% y un 40% de la plantilla, de forma voluntaria, puede teletrabajar tres días a la semana.
“Pero más allá de las razones sanitarias, no existe regulación. Este mes comenzarán las negociaciones. No es fácil, ya que, por imperativo legal, la mayoría del trabajo debe ser presencial, pero al mismo tiempo se tiene que garantizar la seguridad de los funcionarios”, explican fuentes del Sindicato de Trabajadores Administración de Justicia de Cataluña (STAJ).
Dificultades en la jurisdicción penal
Este sistema se está empezando a utilizar en el ámbito penal para tomar declaración online durante la prestación del servicio de guardia. En esta jurisdicción, los jueces son reticentes a este sistema online porque consideran que puede vulnerar el derecho de los encausados.
La Generalitat tiene competencias en esa logística, pero siempre sobre una base común acordada con el Ministerio de Justicia y el resto de comunidades autónomas que tienen transferidas esas funciones.
Inversión en autorrefuerzo y productividad
“La consejería quiere imponer sus criterios, pero es consciente de que un tema de este calado debe contar con una regulación mínima del ministerio. No quiere precipitarse y levantar la liebre. Pero ya estaríamos jugando en algo que va más allá de las razones sanitarias. Regulación, medios tecnológicos y seguridad jurídica son las claves”, afirman desde STAJ.
Añaden que, en relación a las medidas de autorrefuerzo y productividad anunciadas por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo --50 millones de euros para las jurisdicciones sociales y mercantiles--, “en Cataluña es papel mojado, porque la competencia es de la Generalitat, que podría pagar ese dinero a los funcionarios. Pero como el ministerio, hasta la fecha, no ha transferido el dinero, pues la consejería tampoco paga”.