Quim Torra busca argucias legales para aferrarse al cargo de presidente de la Generalitat. La defensa del exmandatario posconvergente ha pedido este miércoles al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que deje en suspenso la ejecución de la sentencia que le inhabilita como jefe del Ejecutivo catalán.
En el recurso de súplica, consultado por Europa Press, el letrado Gonzalo Boye solicita dejar sin efecto el auto del lunes en el que el TSJC acordó ejecutar la pena de inhabilitación por un delito de desobediencia, que dictó después de que el Tribunal Supremo (TS) avalara su fallo.
El abogado sostiene que el auto del TSJC declara la firmeza de la sentencia del TS --que resolvió el recurso de casación--, pero "sin haberse declarado la firmeza de la sentencia" del TSJC, que condenó a Torra el 19 de diciembre de 2019. Así, esgrime la "nulidad manifiesta de la ejecución efectuada" el lunes para intentar tumbar la decisión de la justicia.
"Vulneración de derechos"
"No habiendo sido declarada la firmeza de la indicada sentencia de 19 de diciembre de 2019 dictada por esta Sala, en modo alguno procedía su ejecución, habiéndose producido la enésima vulneración palmaria de los derechos fundamentales", reprocha Boye en el recurso.
Por todo, el letrado pide que la suspensión de la inhabilitación se mantenga hasta que el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncie sobre el recurso de amparo que la defensa de Torra ha presentado.
JxCat y ERC piden no reconocer "como legítima" la inhabilitación
Mientras tanto, los dos socios al frente del Govern independentista de la Generalitat --JxCat y ERC-- han presentado este miércoles una propuesta de resolución conjunta que pide que el Parlament no reconozca "como legítima" la sentencia del Tribunal Supremo que ratifica la inhabilitación de Torra.
"El Parlament declara que no reconoce como legítima la sentencia del Tribunal Supremo y la califica de golpe a las instituciones de Cataluña por parte de la alta magistratura del poder judicial", que actúa, según ellos "en beneficio de la unidad de España y no en favor de la justicia, de los derechos y las libertades fundamentales", según dice su propuesta.
En la resolución, los dos partidos buscan que la Cámara catalana "denuncie la vulneración del derecho a la libertad de expresión" --Torra fue condenado por desobedecer la orden de no colgar pancartas y símbolos partidistas en los edificios públicos en campaña electoral-- y califica la inhabilitación como un ataque a los principios y libertades democráticas contra el independentismo.
Respaldo incondicional al expresidente
Asimismo, propone mantener la confianza en Torra como presidente de la Generalitat tras la inhabilitación y apoyar al Govern "para que garantice la no limitación de sus actuaciones y continúe dando respuesta a la crisis económica, social y de salud, con lealtad ante la inhabilitación del presidente".
En otro punto, los dos partidos secesionistas al frente de la Generalitat quieren que el Parlament afirme que los efectos del artículo 155 de la Constitución siguen vigentes y constate "el ataque de los poderes del Estado contra las instituciones catalanas y, especialmente, contra la Presidencia de la Generalitat".
También recrimina que la Fiscalía "actúe con intereses políticos y no de acuerdo con los principios de legalidad e imparcialidad", y acusa a la Junta Electoral Central (JEC) de haber dictado sin competencia y con imparcialidad la resolución que exigía a Torra retirar la pancarta partidista sobre los presos del 1-O durante la campaña electoral.
Denuncia internacional
En la propuesta, los socios del Govern llaman a las entidades e instituciones catalanas a difundir internacionalmente la inhabilitación de Torra como un "abuso de poder ante un sistema judicial parcial y ausente de independencia", y emplazan a los grupos a iniciar una denuncia internacional sobre esta cuestión.
Por último, JxCat y ERC piden que el Parlament declare que "sin el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de Cataluña, el movimiento independentista y el movimiento en favor del derecho a la autodeterminación de Cataluña no se detendrá y por tanto, seguirá vivo el conflicto político entre Cataluña y el Estado", dando con ello por sentado que "Cataluña" son sus votantes y quienes piensan como ellos.