Hubo un tiempo en que la Generalitat no tenía competencias en inspección laboral ni en regularización de extranjeros, pero habilitaba oficinas móviles de empleo para facilitar la contratación de los temporeros de Lleida, se destinaban ayudas a los ayuntamientos y a las entidades agrícolas para facilitar su alojamiento y se establecían convenios con patronales y sindicatos.
Hoy, poco queda de ese modelo iniciado en 2005 y consolidado en 2006 de atención laboral y social a los trabajadores extranjeros, a los que ahora señala la Generalitat como ejemplo de que la culpa de todo la tiene Madrid por no controlar el flujo de inmigrantes. La crisis, los recortes del gobierno de Artur Mas y la estrategia de enfrentamiento con el Estado ha provocado que la situación de los temporeros sea enfocada como una cuestión de orden público y de inmigración.
Competencias plenas en inspección laboral
La Generalitat tiene ahora competencias plenas en inspección laboral y aquel sistema de contratación in situ suponía un primer paso para la regularización, que sigue siendo competencia del Estado.
Documento de colaboración entre el Govern, patronales y sindicatos para la temporada de recogida de fruta / CG
La semana pasada, el Govern anunciaba una inversión de 428.000 euros para el alojamiento de los temporeros que duermen en las calles de Lleida durante la campaña de recogida de la fruta. La ayuda llega días después de la reclusión perimetral de la comarca del Segrià (Lleida) por los rebrotes y de la denuncia de entidades que, año tras año, alertan de las condiciones infrahumanas en las que malviven los trabajadores.
¿Se ha podido evitar esta situación? Teniendo en cuenta que otras comunidades autónomas han pasado por esas experiencia hace pocos meses --por ejemplo, la recogida de la fresa en Huelva--, así como las medidas que la propia Generalitat aplicaba en 2005, cabe pensar que otro modelo de atención a los temporeros es posible.
Gestión de la contratación de los temporeros en 2006
Medidas implementadas hace años
En 2006, el SOC firmó un acuerdo marco de colaboración con las organizaciones empresariales y sindicales del sector agrario para la gestión de la campaña de trabajadores temporeros. Entre las medidas destacaba la dotación de oficinas móviles (Lleida, Penedès y Terra Alta) “que se desplazarán por el territorio, con el objetivo de facilitar a los trabajadores y empresas, con el mínimo desplazamiento, la más rápida y efectiva de las respuestas”.
El exconsejero de Trabajo, Josep Maria Rañé, y el exalcalde de Lleida, Àngel Ros, en 2004
Esas oficinas disponían de acceso a internet para acceder a todas las aplicaciones corporativas del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) necesarias para realizar, tanto la inscripción de trabajadores en busca de empleo, como el registro de ofertas de trabajo, la búsqueda y la presentación de candidatos y el registro de los contratos formalizados al amparo de la campaña. La última palabra la tenía el Gobierno español en cuando a la regularización de los extranjeros, pero este sistema de contratación facilitaba mucho las cosas.
Acuerdo Interprofesional
Empresas y sindicatos participaban activamente en ese proceso, así como los ayuntamientos, bajo la premisa que todo ese proceso debía incluir el alojamiento de los trabajadores. En este sentido, los empresarios se comprometían a buscar alojamiento, mientras que el Govern destinaba ayudas para garantizarlo.
Los acuerdos tenían como punto de partida el grupo de trabajo impulsado por el director del SOC Francesc Castellana a principios de 2005 en el que participaron los ayuntamientos y los agentes sociales del campo catalán con el objetivo de mejorar la gestión de la intermediación, la regulación de los flujos de temporeros y los dispositivos del Sistema de empleo en las Campañas agrícolas. Fruto de esas reuniones es el acuerdo interprofesional firmado por Unió de Pagesos de Catalunya, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), Associació Agrària de Joves Agricultors (ASAJA), i l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre, Unió General de Treballadors (UGT) - Federació Agroalimentària y Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO) – Federació Agroalimentària.
El modelo se expandió por Cataluña
El balance de la campaña se consideró un punto de inflexión, pues el modelo se hizo extensivo a otros lugares de la geografia catalana. Tenía cinco ejes: el proceso de regularización de personas extranjeras; un sistema de alojamientos, recursos económicos invertidos por el SOC, intermediación y el acuerdo interprofesional. Las ayudas destinadas a los ayuntamientos en concepto de acogida y apoyo a los temporeros de Lleida ascendieron a 258.277 euros, a los que hay que añadir los 185.456 euros concedidas a la Fundación Pagesos Solidaris, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya y Lleida Solidària con la misma finalidad.
Ello requirió de un conjunto de medidas coordinadas interdepartamentalmente entre las consejerías de Trabajo e Industria, Bienestar y Familia, Agricultura, Interior y Sanidad. Al año siguiente, en Lleida, el SOC gestionó 7.485 demandas y se cubrieron 5.831 plazas. La campaña contó con un presupuesto de 1,5 millones de euros.