Torra culpa a España de la crisis de las residencias catalanas

Quim Torra continúa culpando a España de los males causados por la pandemia de coronavirus, incluso en aquellas competencias que dependen en exclusiva de la Generalitat que él mismo preside, como las residencias de ancianos. El mandatario posconvergente elude su responsabilidad en la gestión de las mismas acusando al Gobierno de la crisis sufrida en los geriátricos, centros en los que se produjeron la mayor parte de las muertes por esta enfermedad, y quejándose de que el Ejecutivo central "infrafinancia" la dependencia.

"La infrafinanciación del Estado Español en general y también en el ámbito de dependencia ha sido un condicionamiento de estos resultados: años y años de vulnerar la ley de dependencia no asumiendo la responsabilidad que les obliga la ley", ha dicho Torra durante su intervención en el pleno monográfico sobre la gestión de las residencias y personas con discapacidad durante la pandemia.

Más excusas: en el resto de Europa también pasó

Torra ha utilizado también como excusa que la crisis de los asilos catalanes se ha vivido en el resto de España y en toda Europa, y ha enumerado una serie de comunidades autónomas asegurando que, en la mayoría de casos, la situación ha sido "peor" que en Cataluña.

Torra ha vuelto a defender la transparencia de su Ejecutivo a la hora de dar cuenta de las cifras de muertos tanto en residencias, como de fallecidos en sus casas y en los hospitales, y ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha cerrado en falso" el balance de muertos.

"No hacer partidismo"

A pesar de su propia actitud desde que se inició la pandemia, el mandatario posconvergente ha exigido a todas las formaciones representadas en el arco parlamentario que "no hagan partidismo" con la situación sufrida en las residencias, que son competencia de la Generalitat, aunque, antes de la intervención de las formaciones, ha asumido que serán críticas con su gestión.

Torra ha repasado la gestión que la Generalitat ha hecho de las 1.053 residencias catalanas que albergan a 64.000 personas, cuya media de edad es de 84 años, de las que el 90% tiene enfermedades previas, en una comunidad donde mueren 11.000 ancianos al año.

Una gestión que, entre otras cosas, llevó a Administración pública a controlar primero las visitas para luego restringirlas y a hacer el control de las personas que acudían a los centros, y que llevó al presidente a reordenar los departamentos trasladando la competencia de los asilos de la Conselleria de Asuntos Sociales y Familias a la de Salud en mitad de la pandemia.

Más acusaciones al Gobierno

Torra ha afirmado que el Govern "fue más tarde" de lo que se quería en la distribución de equipos de protección individual (EPI) en los centros residenciales catalanes durante la pandemia del Covid-19.

Una situación que atribuye a la compra centralizada y la distribución que realizó el Gobierno central de este material, que considera que "fue una decisión nefasta que tuvo consecuencias en la gestión de la pandemia ya fuese en residencias u hospitales".

Segunda ola

El todavía presidente de la Generalitat, asimismo, ha hecho un llamamiento a poner en el centro de la acción política de su Ejecutivo en las personas, su salud y sus vidas, y paradójicamente a tenor de sus palabras, ha insistido en que no se utilizará por parte del Govern "esta desgracia dentro de las residencias como una arma partidista de acción política".

"Ahora no podemos relajarnos en absoluto, y sobre todo en las residencias; como dijo la consellera de Salud, Alba Vergés, tenemos que reforzarnos en el caso de una segunda ola", ha dicho, y para conseguirlo ha puesto en valor el Plan de Contingencia aprobado por el Govern.

Promesas

Ha destacado que este plan se ha dotado de casi 100 millones de euros para blindar a los centros residenciales en caso de una segunda ola, con el fin de "actuar con la máxima celeridad y frenar los contagios".

También ha señalado que en el plan se prevé el incremento de los profesionales sanitarios tanto en residencias como en los centros de atención primaria (CAP), concretamente en estos últimos con un refuerzo de 450 profesionales más y una inversión de 15 millones.