Colau inyecta otro millón en una empresa salpicada por corrupción

El Ayuntamiento de Barcelona, que comanda la alcaldesa Ada Colau, inyectará otro millón de euros en una empresa salpicada por una presunta trama de corrupción. El gobierno municipal ha renovado dos jugosos contratos con la polémica Iniciatives i Programes pese a que el juez que instruye el caso Inipro, que toma el nombre de la firma, ha decidido enviar a juicio a 15 investigados, incluidos extrabajadores de la compañía.

Pese a este lance judicial, el Ejecutivo local de Colau acaba de renovar dos contratas públicas con Inipro, inyectándole un total de 1,086 millones de euros. Son las adjudicaciones para la gestión de servicios para jóvenes y adolescentes del Espacio Joven Garcilaso (706.469,57 euros) y el servicio de dinamización y apoyo del Centro Cívico Sant Andreu (379.805 euros). Ambos encargos se prorrogan del 1 de junio de 2020 al 30 de abril de 2022, según figura en el acta de la última reunión de la comisión de gobierno, celebrada el 11 de junio.

Imágenes de archivo caso Inipro (04/05/2016) / ATLAS

Contra los contratos a empresas investigadas

Paradójicamente, el gobierno municipal de Barcelona aprobó renovar los dos contratos de más de un millón seis días antes de que los grupos de la oposición municipal instaran al equipo de Ada Colau a no invitar a la contratación directa a empresas investigadas por corrupción. La propuesta fue elevada por Ciudadanos el miércoles, 17 de junio, a la Comisión de Presidencia. El texto pedía excluir de la contratación pública sin concurso abierto a las firmas salpicadas por presuntas malas prácticas en la gestión pública, además de exigir que el Ayuntamiento publique los contratos menores en un plazo de 15 días tras cada trimestre y la desaparición de las autorizaciones de gasto.

Votaron a favor de la resolución --que se refería a Inipro sin nombrarla-- el propio partido naranja, ERC, Junts per Catalunya, PP y Barcelona pel Canvi. Barcelona en Comú y el PSC rechazaron apoyarla. El texto se sometió a criterio de los grupos tras avanzar este medio que, durante la pandemia del coronavirus, el Ayuntamiento había premiado con 77.277 euros a Inipro para llevar el Servicio de Adolescentes y Familias de la concejalía de Servicios Sociales. El encargo se realizó por la vía de urgencia y sin concurrencia.

El 'caso Inipro', a juicio

Todo ello ha ocurrido mientras el juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona ha enviado a juicio a los 15 investigados por el caso Inipro. Entre las personas que se defenderán desde el banquillo figuran el exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, amén de extrabajadores de la empresa premiada por Ada Colau. Son Alejandro Caballero, que estaba contratado por Inipro, y Enrique Manuel Miró, aún administrador de Itinere Serveis Educatius SL; una filial del grupo con sede en Viladecans (Barcelona), amén de otros exempleados temporales. La Audiencia Provincial de Tarragona ha rechazado sus recursos contra el auto de acomodación al procedimiento abreviado. Ahora, pues, las acusaciones, Fiscalía y la CUP, deben presentar sus escritos de acusación y el juez, fijar fecha para una primera vista oral.

El magistrado deberá determinar si hay pruebas suficientes para condenar a excargos del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) de Tarragona y a exempleados de la empresa Inipro por una adjudicación y prórrogas irregulares de un contrato entre 2010 y 2012. Cree el ministerio público que las labores de este encargo, diseñado en principio para promover el asociacionismo entre la población inmigrante, eran en realidad trabajos vacíos para pagar favores políticos. Inipro, cuyo exadministrador, Ricard Campàs, fallecido en 2016, estaba también imputado en la causa, cobró 137.369 euros cada ejercicio, además de una cifra desconocida para el año 2010, ya que para esos 12 meses no se han publicado los datos.