Tormenta en la seguridad privada contra el área de Janet Sanz en el Ayuntamiento de Barcelona. Un sindicato ha denunciado a la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) hoy martes, 2 de junio, una contrata sospechosa por valor de 1,2 millones de euros: la del corte del tráfico en las calles. La agrupación sostiene, y aporta documentación para justificarlo, de que la tenencia de alcaldía de Ecología Urbana, que comanda la número dos de Ada Colau, falsificó un presupuesto para conceder la licitación sin concurso a la empresa Brothers Control SL, proveedor habitual del consistorio.
Según ha podido saber este medio de fuentes cercanas a ADN Sindical, el denunciante, el expediente de contratación ha sido entregado hoy a la Oficina Antifraude de Cataluña tras requerir al área de Ecología Urbana que aportara información sobre el procedimiento. ¿Por qué? Por dos motivos. Por un lado, por el hecho de que, siempre según el denunciante, el contrato de 1,2 millones para cortar el tráfico en las calles no encajaría con los supuestos previstos en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), que permite la contratación por la vía de emergencia en situaciones excepcionales, en este caso el estado de alarma. Chirriaría, según la agrupación, la transparencia, la formalización del contrato y la justificación de la emergencia, pues los auxiliares de corte de calle, sostiene ADN, no encajan en este supuesto. Por último, recuerda el denunciante que Ecología Urbana ya abrió una licitación anterior (abierta, consultar aquí) por el mismo motivo y que, después, procedió a la adjudicación sin concurrencia.
¿Es falso este presupuesto?
Pero es que hay más. El sindicato, mayoritario en la seguridad privada catalana, ha entrado denuncia a Antifraude --con número de registro E-0818/2020-- porque considera que hay elementos indiciarios sospechosos de que el equipo de Janet Sanz falsificó un segundo presupuesto de una empresa del sector para justificar el contrato de 1,2 millones a Brothers Control. Aporta ADN una propuesta de servicio al Ayuntamiento, que, asegura, el equipo legal que pende de Sanz pidió a la empresa CL Serveis Auxiliars el 28 de mayo, un día después de que el sindicato pidiera explicaciones por escrito sobre una licitación que ve sospechosa. Esta fecha sería también 6 días después de adjudicar el contrato que está a debate.
El segundo presupuesto enviado por el Ayuntamiento de Barcelona denunciado a Antifraude por "ficticio" / CG
"Entendemos que hay fraude. Creemos que lo hay porque el Ayuntamiento pide presupuesto para el corte de calles a CL Servicios el 28 de mayo, un día después de recibir nuestra queja y seis días después de cerrar la adjudicación. Al día siguiente, el 29 de mayo, solicita a la misma empresa rectificar su propuesta antes de remitirla a este sindicato. Es evidente de que se trata de un presupuesto ficticio", alerta ADN. ¿Con qué fin? "No vemos otro fin que aparentar concurrencia en el primer procedimiento que ganó 1,2 millones, cuando el portal de contratación [consultar aquí] deja claro que hubo solo una oferta", ha apostillado el denunciante.
Polémica por el corte de calles
La denuncia a la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) no presupone culpabilidad del Ayuntamiento de Barcelona. Ha recalado en el fiscalizador de las administraciones públicas, que verificará su verosimilitud y decidirá si actúa. Por el momento, las graves acusaciones se suman a tres polémicas más a la política de corte de calles al tráfico en Barcelona. La primera es el hecho de que se haga en plena pandemia, sí, pero que siga a cortes anteriores de grandes vías, en la senda de una política anticoche y propeatón en la Ciudad Condal. La segunda es la contrata en sí, que prevé que las interrupciones de circulación las operen auxiliares de servicios --ni vigilantes ni controladores de acceso-- cuya remuneración es de apenas seis euros la hora.
La última arista polémica es el encaje de las calzadas peatonales en una batería de medidas que penalizan el automóvil en Barcelona. No en vano, el Ayuntamiento ha aprobado el alza del coste de las zonas verde y azul, una ordenanza de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en vigor desde el 1 de enero y cuyas multas entrarán en vigor en breve. Asimismo, el gobierno municipal ha iniciado una campaña para multar a las motos que aparquen en algunas calzadas, lo que ha provocado la aparición de una plataforma contra la persecución del vehículos de dos ruedas. Por último, la propia Janet Sanz, teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad se mostró partidaria de "no reactivar" la industria del automóvil en abril. Fue semanas antes que Nissan Ibérica anunciara el cierre de tres plantas en Barcelona, decisión que dejará sin empleo directo a 2.800 personas y afectará el trabajo de unas 20.000 personas más.