Una jueza pide al Supremo que investigue a Puigdemont por corrupción en su etapa como alcalde

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Girona, que investiga la utilización de los fondos de la empresa Agissa, gestora de aguas gerundense, ve indicios de prevaricación, fraude a la Administración y falsedad documental por parte de Carles Puigdemont en su etapa como alcalde de la capital de provincia.

Las evidencias encontradas han llevado a la jueza a pedir elevar el caso al Tribunal Supremo, ya que Puigdemont cuenta con inmunidad parlamentaria como eurodiputado. En su petición, argumenta que existen "indicios de criminalidad" en la actividad del prófugo con el dinero recaudado mediante la compañía de aguas de Girona, Salt y Sarrià de Ter. 

Petición de Anticorrupción

La petición de que Puigdemont fuera juzgado por este delito procede de la Fiscalía Anticorrupción, que la magistrada de instrucción ha aceptado y, ahora, deberá valorar si accede a tramitar. La jueza de Girona acepta, así, que Puigdemont podría haber destinado un millón de euros a comprar un fondo de arte para el ayuntamiento, a pesar de que este montante estaba destinado a "la aplicación del canon extraordinario de la concesión del servicio de aguas".

Según la argumentación del fiscal, a la que ha tenido acceso Crónica Global, el equipo de gobierno municipal capitaneado por Puigdemont "ideó un artificio" para comprar las obras que ocasionó "una sustancial merma en el patrimonio del ayuntamiento en un área tan sensible como el agua". El fondo artístico constaba de 1.320 piezas que fueron tasadas con un valor de 4,7 millones de euros por un experto en 2013, aunque la compra se efectuó por 3,9 millones.

"Ocultar" el desvío de fondos

La argumentación de Anticorrupción señala que se quiso "ocultar" que el pago --divido en varias partidas-- se realizaría "a cargo del canon extraordinario" mediante el acuerdo de compraventa registrado en el consistorio y que el propio Puigdemont firmó. En él se estipula que, para llevar a cabo el primer desembolso se aprobaría un expediente de "modificación de crédito por transferencia entre partidas". Este procedimiento, según la exposición razonada de la jueza, supone "un quebrantamiento de la normativa aplicable" de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

Además, estipula que "los ingresos que genera Agissa provienen fundamentalmente de la venta de agua y el mantenimiento de contadores. De esta forma, se cargó al consumidor final con el importe del canon y, además, con los intereses derivados de la financiación del mismo".

Supresión de la inmunidad

En el caso de que el Supremo acepte abrir esta nueva causa contra Puigdemont, el alto tribunal se enfrentará, de nuevo, al aforamiento del político independentista. Para que pueda ser juzgado, la Sala de lo Penal deberá pedir, una vez más, un suplicatorio al Parlamento europeo para que le retire la inmunidad.

Puigdemont, mientras, ha acusado a la justicia española de buscar su "extradición como sea". En dos mensajes en su perfil de Twitter el expresidente ha recordado que hace un año salieron informaciones sobre esta misma cuestión y que su abogado ofreció al fiscal su declaración voluntaria. "El intento de embadurnarme alegremente era claro y yo lo quería cortar de raíz. Dijo que no me estaba investigando y la descartó", ha apuntado el actual eurodiputado.