La Fiscalía denuncia al jefe de la oficina de Puigdemont por malversación y prevaricación

La Fiscalía Anticorrupción ha interpuesto una querella contra Josep Lluís Alay, responsable de la oficina del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, por presunta malversación y prevaricación administrativa. El ministerio público ve indicios de estos delitos respecto a varios viajes que Alay realizó y que fueron detallados por él como gastos de su cargo público. Entre ellos se encuentra el viaje para ser observador internacional del referéndum de independencia Nueva Caledonia en 2018. 

El ministerio fiscal incluye en su querella a Meritxell Masó, secretaria general de Presidencia, por aprobar esta carga en las arcas de la Generalitat. La acusación tilda la decisión de Masó como "manifiestamente arbitraria e injusta" ya que sabía que el viaje no respondía a ninguna de las responsabilidades de Alay como director de la oficina de Puigdemont. 

Viaje de más de 4.000 euros

El viaje de Josep Lluís Alay al que se refiere la denuncia de Fiscalía se enmarca entre el 30 de octubre y el 6 de noviembre de 2018 --el referéndum de Nueva Caledonia se celebró el domingo 4--. La fiscal contra la corrupción Teresa Duerto data los gastos totales de este traslado en 4.732,56 euros en los que se incluyen vuelos, alojamiento y dietas. 

También cargó a la Generalitat dos facturas correspondientes a peajes de AP-7 correspondientes a una visita a la prisión de Lledoners, en la que se encuentran los condenados por la organización del 1-O. Fiscalía Anticorrupción defiende que "no existe razón alguna que justifique" el cargo de estos dos conceptos como parte del presupuesto de la oficina del expresidente prófugo.

Abuso de su cargo público

La fiscal defiende que Alay abusó de su condición de responsable de la oficina del expresidente Puigdemont con un "propósito de enriquecimiento ilícito". Asegura que se excedió en sus funciones y que se apartó "de su obligación de servir a intereses generales propios del personal de la Administración".

Todo ello con la connivencia de Masó, quien autorizó los pagos a pesar de tener "pleno conocimiento de que aquella actividad no se hallaba entre las atribuidas al querellado (en referencia a Alay) ni se correspondía con ninguna de las necesidades  personales, políticas o sociales que a través de la oficina del expresidente se cubre".

'Escolta' de Puigdemont

Josep Lluís Alay era uno de los cuatro acompañantes del expresidente Puigdemont cuando éste fue detenido en Alemania el 25 de marzo, a causa de la euroorden activada tras su fuga de la justicia española. Por ello tuvo que testificar ante el tribunal de la Audiencia Nacional como acusado de un delito de encubrimiento. La causa que fue archivada meses después.

El prófugo ha mostrado su apoyo a Alay a través de su Twitter y ha aprovechado el caso para lanzar una crítica contra la justicia. Asegura que la denuncia se basa en "impedir" su trabajo como políticos y que los tribunales "buscan la muerte civil" de los independentistas. Puigdemont segura que la querella se hace por "un viaje y 11 euros de peaje", pero nada dice del coste de la visita de Alay a Nueva Caledonia.