Torrent saca pecho por una ley con trazos de ilegalidad y otra sin reglamento que la haga útil

Cataluña está de campaña electoral de facto y Roger Torrent, que lo sabe, ha aprovechado para sacar pecho de la actividad del Parlament desde que él ocupa la presidencia. El republicano ha querido destacar las virtudes de algunas leyes aprobadas en la Cámara catalana, como la de emergencia en temas de vivienda y la de Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC). No ha comentado, sin embargo, que la primera de ellas tiene aspectos que podrían ser inconstitucionales y que la utilidad de la segunda es reducida ya que no existe reglamento que la haga aplicable. 

Torrent ha destacado en una entrevista en Catalunya Ràdio que el Parlament ha aprobado desde las últimas elecciones un total de 15 leyes y 26 decretos. Un número que el de ERC sabe reducido y por el que ha defendida "la calidad ante la cantidad" legislativa. "Más valen pocas leyes y buenas que no una producción alta de leyes que después no sirvan prácticamente para nada", ha declarado antes de denominar el periodo 2017-2020 como "una legislatura de recuperación institucional" después de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. 

Controvertida ley de vivienda

El Decreto Ley 17/2019 de medidas urgentes respecto a la vivienda y la pobreza energética que ha destacado Torrent ha sido duramente criticado tanto por instituciones empresariales como legales. El propio Consejo de Garantías Estatutarias de la propia Generalitat, que "vela por la adecuación" de las leyes catalanas al Estatut y a la Constitución, argumentó que el escrito realiza una descripción "inconstitucional" de lo que se considera como "vivienda vacía". En concreto, "vulnera los artículos 9.3 y 33 de la Constitución", relacionados con el principio de legalidad y con la propiedad privada, respectivamente.

Uno de los aspectos más controvertidos de este decreto habitacional es el referido al procedimiento de desahucio, ya que estipula que los grandes propietarios --bancos y fondos de inversión, entre otros-- deberán ofrecer un alquiler social a los inquilinos que no puedan hacer frente al pago mensual antes de iniciar el procedimiento de expulsión. Una norma que la Audiencia de Barcelona ha estipulado que no aplicará ya que el ofrecimiento "no puede ser considerado un requisito" que impida la admisión de demandas de desalojo.

Renta Garantizada inaplicable

Respecto a la Ley de Renta Garantizada en Cataluña, dirigida a las personas en situación de pobreza extrema, Torrent ha especificado que se ha "matizado" para hacerla más accesible a la ciudadanía, sobre todo desde el punto de vista de la burocracia. Sin embargo, los impulsores de esta iniciativa legislativa popular han criticado en numerosas ocasiones la aplicación que está llevando a cabo el Govern.

Aseguran que la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales rechaza el 80% de las peticiones, lo que obliga a estas personas a presentar recursos contenciosos --corriendo con su consiguiente coste económico--. Un dato que ha llevado a los afectados a presentar una demanda judicial contra el Govern. También critican la reducida partida que reservan los presupuestos de Cataluña de 2020 para estas ayudas y defienden que el Ejecutivo catalán está lejos de destinar el 4% de las cuentas a estas ayudas, como se prometió.