Decepción con el presupuesto del Govern para la Renta Garantizada

Los presupuestos de la Generalitat para 2020 contemplan medidas para resolver el caos en la gestión de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) que los afectados consideran insuficientes. El Govern está lejos de destinar el 4% de su gasto a estas ayudas dirigidas a una pobreza extrema que, según los expertos, tiene visos de enquistarse. Y, además, los 388 millones que la Consejería prevé destinar a las mismas solo representan un incremento de 40 millones respecto al ejercicio de 2019.

El acuerdo presupuestario alcanzado entre el Gobierno catalán y En Comú Podem contempla “desplegar el último tramo de la RGC, lo que supone incrementar la dotación presupuestaria hasta llegar a los 388 M€ en 2020, con un incremento de 125 M€ desde el 2017”.

Ajustes en la ley

También prevé “realizar ajustes inmediatos" en el Reglamento de la Ley “para permitir la compatibilidad con el trabajo intermitente y otros prestaciones en el caso de personas en situaciones de elevada vulnerabilidad”. El Govern “se compromete a regular a lo largo del 2020 la compatibilidad y complementariedad de la RGC con las rentas del trabajo a tiempo parcial en determinados supuestos”.

Precisamente hoy, el Pleno del Parlament aprobará una proposición de ley de modificación de la Renta Garantizada, impulsada conjuntamente por los grupos de Ciudadanos, el PSC-Units, los comunes y el subgrupo parlamentario de la CUP con la finalidad de hacer llegar estas ayudas a más personas mediante la simplificación de algunos trámites y la eliminación de algunas incompatibilidades. Sin embargo, la ley carece todavía de un reglamento que la desarrolle.

Riesgo de pobreza según el umbral de cada comunidad / CG

Sin embargo, el Portavoz de la Comisión Promotora de la ILP por una Renta Garantizada Ciudadana, Diosdado Toledano, afirma a Crónica Global que esa cifra de 388 millones “no es suficiente. Si establecen dicha partida presupuestaria como un límite para abonar las prestaciones de la Renta, seguirán incumpliendo la ley denegando las solicitudes en su gran mayoría con justificaciones indebidas”. Toledano afirma que esa cantidad “solo representa un incremento de 40 millones respecto al ejercicio de 2019, cuyo gasto aproximado en la RGC alcanzó los 347 millones”.

"Que no vendan humo"

El portavoz de la Comisión que impulsó en el Parlament la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) insta al Govern a “no vender humo con los presupuestos en relación con la Renta. En un documento que entregamos el 16 de diciembre reivindicamos que, además de respetar su carácter de derecho subjetivo, al menos se alcance el 4% de los presupuestos”.

Portavoz de la Comisión Promotora de la ILP por una Renta Garantizada Ciudadana, Diosdado Toledano

Según los datos proporcionados por la Dirección General de Economía Social, dependiente de la Consejería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, la Generalitat destinó a prestaciones de RGC y complementos 277.066.603 euros en 2018 (aproximadamente un 0,81% de los presupuestos de la Generalitat en 2017). El año pasado se alcanzaron los 347.125.566 euros (1,02% sobre los presupuestos de 2017, que estaban prorrogados).

El modelo vasco

Tal como informó este medio, el País Vasco destina un 4,35% de sus cuentas a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), a pesar de que tienen una tasa de pobreza muy inferior a la que existe en Cataluña.

La Renta vasca contempla 667,07 euros mensuales para los beneficiarios, mientras que la catalana es de 644. El máximo en el caso vasco es de 947,51 euros (convivencia de tres personas o más), mientras que la Generalitat concede un máximo de 1.191 euros.

El desequilibrio se produce cuando se compara número de población, pobreza, beneficiarios y recursos destinados. El País Vasco tiene una población de 2,1 millones de personas, una tasa de pobreza relativa (según el indicador Arope) del 12,1%, es decir, 262.691 personas, y el número de beneficiarios de la RGI asciende a 136.567 personas (6,3% sobre la población total).

La Coordinadora está pendiente del compromiso del Govern de reunirse a principios de febrero con los movimientos sociales.