Duras críticas al nuevo decreto de vivienda del Govern: "¿Es la ley de la selva?"

El Parlament de Cataluña ha aprobado este miércoles el nuevo decreto de vivienda y ya ha levantado ampollas. El portavoz del PP, Alejandro Fernández, se ha dirigido al presidente catalán, Quim Torra, para preguntarle “¿qué clase de sociedad quiere? ¿La de la ley de la selva?”.

Así de explicito ha sido ante una ley que el mismo Consell de Garanties Estatutàries ha declarado “inconstitucional”, por beneficiar a los okupas e ir contra el derecho a la vivienda recogido en la Carta Magna.

Irracional

La diputada de Ciudadanos Marina Bravo, ha recordado al Govern que el citado consejo considera que la modificación aprobada es “carente de toda racionalidad” y “arbitraria por no tener ningún sentido en cuanto a su contenido y potencial resultado aplicativo”

Bravo subraya que el gobierno catalán sólo ha modificado una frase del decreto de vivienda, haciéndole “perder todo el sentido común”. Si antes se consideraba que no se podía considerar vivienda vacía a un piso ocupado si su propietario ha activado en los últimos dos años un proceso judicial para recuperarla, ahora dicho piso ya no tiene la consideración de vacío, por mucho que su propietario haya emprendido ya acciones legales.

Desprotección

Con la reforma “entran en el mismo saco una persona a la que le han ocupado el piso y otro que tiene una vivienda vacía”, denuncia Bravo. Asimismo asegura que la ley “trata de proteger a la gente que se salta la ley y desprotege a los que la cumplen”.

La diputada de Cs, como hace el documento del Consell de Garanties Estautàries, subraya que perjudica “injustamente a las personas y familias que estando en situación de vulnerabilidad” y que tratan de acceder a una vivienda social por las vías legales y a través de las instituciones.

Mafias

En este sentido, Fernández también señala que mientras unos tardan en años en acceder a un piso de protección, se les da alas a los okupas. Alerta de que mientras se “protege a los que entran en un piso”, se empuja a “las familias, desesperadas,” a contratar “a unas mafias para que los quiten” a los okupas de allí.

El PSC, por su parte, se han limitado a recordar el texto del Consell de Garanties Estatutàries y se han mostrado sorprendidos de que el consejero de Territorio, Damià Calvet, “no se haya referido” a él cuando ha presentado la reforma de la ley. "Ha hecho la estrategia de la avestruz, esconder la cabeza bajo tierra, y que la realidad jurídica pase de largo”, sentencia la socialista Rosa María Ibarra.

Controversia

Los propietarios de pisos llevan tiempo advirtiendo de que necesitan “protección” y que son parte de la solución y no del problema, por lo que piden garantías. Critican que la reforma de la ley juegan en contra de regular el precio de la vivienda porque los dueños de éstas no tienen garantías para sacarlas al mercado, como recordaban hace una semana a Crónica Global.

Opinión contraria tiene el Colegio Oficial de Trabajo Social (TSCAT) que ve con buenos ojos la reforma. “Puede contribuir a ampliar el insuficiente y agónico parque público de vivienda”, señala, sumando los pisos vacíos en manos de grandes tenedores.