Los propietarios denuncian el abandono del Govern en favor de los okupas

El decretazo de la Generalitat sobre vivienda, que permite expropiar pisos a propietarios de 15 o más viviendas, sigue levantando ampollas entre propietarios y juristas. El Consejo de Garantías Estatutarias ya dijo que era “inconstitucional” y los propietarios no sólo coinciden con el diagnóstico, sino que critican que el Govern nunca les ha dado voz y exigen protección. 

La norma “vulnera el derecho a la propiedad privada”, advierten desde la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña (AIC). Su asesora jurídica, Montse Junyent, denuncia que la norma “no encaja en la Constitución” y da alas a la ocupación de viviendas. Alertan de que el problema de las ocupaciones “se ha ido agravando con el tiempo” y la nueva ley refuerza esta tendencia. “Las necesidades de vivienda no legitiman a nadie a ocupar un piso ajeno” afirma la asesora de la asociación, Montse Junyent. 

Estigmatización

La AIC, en la que participan los colegios profesionales de los agentes inmobiliarios (APIs) de Barcelona, Girona y Lleida, lamentan que “la norma trata de protección a personas en situación de vulnerabilidad” y acaba dando “protección a los ocupas”. “Todos estamos de acuerdo en proteger a las personas vulnerables”, pero eso no debe suponer “la estigmatización del derecho a la propiedad privada”, defiende Junyent. Critican que leyes como esta son a corto plazo y el problema de la vivienda necesita medidas a medio y largo y plazo. Y dentro de la ley.

Junyent subraya que la ley aprobada no hace más que generar el efecto inverso, ya que ”sacar a una vivienda al mercado del alquiler es cada día más complicado” y este tipo de nomas no ayudan “si se da más cobertura a la ocupación ilegal” que al tenedor. Los operadores consideran “inadmisible” que en vez de proteger a las personas que pueden sacar viviendas al mercado del alquiler, tan falto de oferta, se opte por defender conductas que los penalizan.

Protección

Los propietarios se defienden en que apoyan la lucha contra la vulnerabilidad, pero que deben darle la vuelta a la norma, “algo que sería sencillo”, para que no perjudique a los propietarios que se sienten desamparo ante la ocupación ilegal. “El listón de los bajos tenedores es muy bajo”, aseguran, “15 viviendas pueden parecer muchas, pero hay que contextualizar”. “No son tantas”, insisten, aunque admite que pueda parecerlo. “No todos las tienen con fines lucrativos”, recuerda. 

Junyent insiste en que la ley catalana es inconstitucional en su definición de vivienda vacía y en su definición de grandes tenedores. En este sentido pide a las Administraciones que solucionen la necesidad de vivienda pero que no carguen siempre las consecuencias “sobre la espalda de los particulares". "La propiedad privada es un derecho; la ocupación ilegal, no", sentencian.