Mutismo de la Generalitat sobre la red de pornografía en centros de menores

La Audiencia de Tarragona ha juzgado recientemente un caso de pornografía infantil descubierto en centros de menores tutelados por la Generalitat. Sin embargo, el Departamento de Trabajo, Acción Social y Familia nunca ha explicado qué actuaciones se llevaron a cabo tras conocerse esos hechos. No consta tampoco que se depuraran responsabilidades en la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), dirigida entonces por Ricard Calvo, quien en 2017 dimitió tras descubrirse que había adjudicado contratos a empresas en las que había sido gerente. Uno de los centros implicados en ese caso de corrupción estaba vinculado a la empresa de Calvo.

Los hechos se remontan a los años 2015 y 2016 y afectaron a menores tutelados por la Generalitat en centros residenciales de acción educativa CRAE (Centro Residencial de Acción Educativa) de Tortosa y Amposta. El asunto, que fue juzgado en la Audiencia de Tarragona y está pendiente de sentencia, destapó la existencia de una red dedicada a la pornografía infantil. Al tratarse de menores, no se divulgaron más detalles, pero esa necesaria protección de las víctimas sirvió de coartada a la Generalitat para no rendir responsabilidades políticas, dado que algunos de ellos dependían de la DGAIA.

Solicitud de información

En agosto de 2019, la diputada de Ciudadanos Elisabeth Valencia solicitó copia anonimizada del expediente de información reservada realizado por los servicios territoriales de la DGAIA. Cuatro meses más tarde, el consejero de Trabajo, Chakir El Homrani --de quien depende la DGAIA--, respondió a la petición denegando el acceso a datos que “pueden afectar a los derechos de los menores, especialmente protegidos tanto por el ordenamiento jurídico interno como por la Convención de Derechos del Niño de las Naciones Unidas”.

Asimismo, el consejero alegó que el caso estaba sub judice y proporcionar el expediente podía atentar contra el principio de igualdad de las partes y contra el de tutela judicial efectiva, pues la justicia debía determinar si los menores tutelados incurrieron en delito.

Imagen de Ricard Calvo, ex director general de Infancia / CG

La diputada presentó al respecto una queja en la Mesa del Parlament: “En ningún caso he pedido los datos de los menores, tal como queda acreditado en las solicitudes iniciales tramitadas pidiendo los expedientes anonimizados, siempre de acuerdo con la normativa referente a la protección de datos sensibles de menores”.

¿Actuó la DGAIA con diligencia?

El 28 de enero, la consejería volvió a esgrimir los mismos argumentos para denegar la información, por lo que Cs insistió ante la Mesa en el deber de los diputados de controlar y fiscalizar la actuación del Govern de la Generalitat y su administración dependiente. En este caso concreto, el objetivo de la formación naranja era averiguar qué papel había jugado el centro de menores y si la administración había incurrido en responsabilidad o no. Dicho de otra manera, determinar si la DGAIA actuó con diligencia.

Ciudadanos teme que esa falta de transparencia por parte de la Generalitat tenga que ver con que los hechos ocurrieron cuando Ricard Calvo era director de la DGAIA. Calvo dimitió en 2017 después de que se destaparan los contratos concedidos a tres sociedades de Fundación Plataforma Educativa --Fasi, Resilis y Gentis--, de la que fue gerente.

Uno de los centros implicados en esa red de pornografía infantil, concretamente el de Tortosa, era gestionado por una entidad vinculada a Calvo. Este negó cualquier tipo de negligencia cuando saltó el escándalo y aseguró que se había protegido bien a los niños. El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, abrió una investigación de oficio para conocer los detalles y la responsabilidad de la DGAIA.