País Vasco y Cataluña: cara y cruz de la Renta Garantizada

Con mucho más presupuesto y menos población en situación de pobreza relativa, Cataluña solo dedica el 0,76% de sus fondos públicos a la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), mientras que el País Vasco destina el 4,35%.

La Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía, impulsora de la ley que permitió regular una antigua reivindicación y que el Govern presentó como un proyecto estrella, ha comparado la mala gestión que realiza la Generalitat con la Renta de Garantía de Ingresos en Euskadi (RGI). Se ha elegido el País Vasco “por ser la prestación más avanzada en el combate contra la pobreza en España”, explican fuentes de esta coordinadora.

Personas en riesgo de pobreza o exclusión social, según la tasa Arope / CG

La Renta vasca contempla 667,07 euros mensuales para los beneficiarios, mientras que la catalana es de 644. El máximo en el caso vasco es de 947,51 euros (convivencia de tres personas o más), mientras que la Generalitat concede un máximo de 1.191 euros.

Indicador Arope

El desequilibrio se produce cuando se compara número de población, pobreza, beneficiarios y recursos destinados. El País Vasco tiene una población de 2,1 millones de personas, una tasa de pobreza relativa (según el indicador Arope) del 12,1%, es decir, 262.691 personas, y el número de beneficiarios de la RGI asciende a 136.567 personas (6,3% sobre la población total).

Evolución de la pobreza en Cataluña (Idescat)

En el caso catalán, la población supera los 7,4 millones de personas y la pobreza afecta al 24,7%, es decir, 1,8 millones de personas, pero la población beneficiaria se reduce a 113.932 personas (1,52% del total de catalanes).

El porcentaje de personas beneficiarias de la renta vasca en situación de pobreza asciende a un 52%, mientras que en Cataluña no supera el 6,2%.

500 millones frente a 260 millones

Tampoco aguanta la comparación el volumen de recursos públicos dedicados: 500 millones en el caso del País Vasco y 260 millones en el caso catalán. Es decir, el 4,35% (el Gobierno Vasco tiene un presupuesto de 11.486 millones) frente al 0,76% (34.029 millones).

“De la observación de estos datos constatamos que la administración responsable de la Generalitat, la Consejería de Trabajo, ha aplicado criterios subjetivos sumamente restrictivos en la implementación de la RGC”, explica la coordinadora. La Renta comenzó a aplicarse a partir del 15 de septiembre de 2017 “y el porcentaje de población con privación material severa se incrementa brutalmente del 5% en 2017 al 6,5%, es decir, en 114.000 personas hasta alcanzar el medio millón de personas”.

Añaden que la comparación entre País Vasco y Cataluña demuestra “la diferente voluntad política, que se concreta en el porcentaje del 4,35% del presupuesto de Euskadi que se dedica a la RGI, mientras que el Gobierno de la Generalitat solo se gasta el 0,76% del presupuesto para la RGC”.

Incumplimientos graves y opacidad

La ley de la RGC, añaden, "está siendo incumplida gravemente por el Gobierno de la Generalitat". Esta "mala praxis administrativa" va acompañada "por una sistemática opacidad" que ha obligado a la Comisión Promotora de la RGC a presentar reclamaciones a la Comisión de Garantía del Derecho al acceso de la Información pública en Cataluña (GAIP). A pesar de que la GAIP resolvió favorablemente la primera reclamación presentada por la Comisión Promotora RGC, la Consejería de Trabajo "sigue incumpliendo puntos importantes de dicha resolución".

Por otra parte, el Gobierno de la Generalitat sigue sin cumplir sendas resoluciones adoptadas por el Parlament el 22 de noviembre de 2018, y 30 de mayo de 2019, que obliga a revisar todas las solicitudes de RGC denegadas hasta la fecha (más del 81% sobre las valoradas).