Es la campaña de blanqueamiento de los Comités de Defensa de la República (CDR) acusados de presunto terrorismo y no la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 1-O la que ha hecho saltar las alarmas en determinadas instancias internacionales. Así lo aseguran juristas y diplomáticos consultados por Crónica Global, quienes coinciden en el desconcierto existente en órganos como la ONU o en foros europeos ante la resistencia del presidente catalán Quim Torra a condenar la violencia de los radicales secesionistas en vísperas de posibles altercados en las calles como reacción a la sentencia.
La tolerancia institucional con los CDR encarcelados ha contado con el apoyo mediático de TV3 y Catalunya Ràdio, donde las quejas de familiares, abogados y dirigentes del Govern han ocupado amplios espacios informativos. En paralelo, los propios CDR aseguran que defienden la “desobediencia civil no violenta” y han divulgado un documento en el que explican a qué se dedican, cómo se organizan y cuáles son sus objetivos ante la sentencia del 1-O.
"Una cuestión de orden interno"
José Antonio Perea Unceta, profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad Complutense de Madrid, afirma que “en las instancias internacionales no preocupa en absoluto la sentencia del TS sobre el proceso secesionista, pues está perfectamente asumido que es una cuestión de orden público interno de España en el que no tiene nada que decir el Derecho Internacional, ni general ni europeo”.
Los procesos de autodeterminación que apoya y promueve Naciones Unidas, precisa, “son los establecidos cada año en el mes de noviembre por el Comité para la Descolonización, que, como su nombre indica, afecta a territorios bajo dominación colonial: desde Gibraltar a las Islas Vírgenes USA”. En cuanto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) “únicamente puede llegar si se ha vulnerado algún derecho procesal --derecho a la tutela judicial efectiva, asistencia letrada, etc--, lo que primero tendrá que revisar nuestro Tribunal Constitucional, si se recurre”.
En el ámbito Unión Europea, el Tribunal de Luxemburgo “solo opinará sobre la eventual inmunidad de Oriol Junqueras como eurodiputado electo, aunque según su doctrina, solo se refiere a hechos imputados durante el mandato (no antes) y siempre que sea en relación con el ejercicio de su labor parlamentaria europea (libertad de expresión, etc)”.
"Sorpresa en Bruselas y Nueva York"
El jurista considera que la sentencia del procés es “un asunto estrictamente doméstico, aunque sí que es cierto que se está empezando a comentar que no se entiende por qué se permiten en Cataluña algunos hechos aparentemente delictivos por parte de las autoridades regionales y sus funcionarios, en torno a las banderas, los símbolos, el mantenimiento del orden público, las amenazas a los guardias civiles y sus familias, la prohibición de hecho del español, la no condena de grupos violentos, etc”. Según Perea Unceta “eso resulta muy sorprendente tanto en Bruselas como en Nueva York. Hace unos días un funcionario sueco de la ONU me preguntaba si era cierto que el partido del Gobierno español se había aliado con un movimiento terrorista separatista en una región española. Hay cosas que resultan muy difíciles de explicar en el extranjero”.
No obstante, el independentismo insiste en que el el món ens mira y que tanto la ONU como en Consejo de Europa han regañado al Gobierno español la “represión” de los dirigentes secesionistas. En el último Pleno del Parlament, el presidente Quim Torra, admitió que, en el primer caso, se trata del informe “preliminar” de un diputado letón que no ha sido votado por la Asamblea del Consejo de Europa. Algo parecido ocurrió con el informe de la ONU, en realidad elaborado por un grupo de trabajo, pero ni era vinculante ni reflejaba el sentir mayoritario.
Expectación ante la cuantía de las condenas
“Todo esta en stand by a la espera de la sentencia del TS. Hay gran expectación. No hay duda que habrá condena, el problema es la cuantía de las penas en función de que el Tribunal califique los delitos de rebelión o de sedición”, explica el diplomático José Antonio de Yturriaga. El autor del libro Cataluña vista desde fuera cree que el presidente de la sala, el magistrado Manuel Marchena, “ha hecho una gran labor y todo lo posible para que las sentencias se adopten por consenso y que no haya votos disidentes”. Vaticina que habrá recurso al Tribunal de Estrasburgo. Aunque éste es impredecible y en más de una ocasión ha dictado fallos contrarios a España, creo que en el presente caso no podrán encontrar ningún fallo en la actuación del Supremo y los derechos de los acusados han sido en todo momento garantizados”. Ytirriaga alude a “un antecedente favorable. La última sentencia del TEDH ha sido favorable a España frente a la demanda de Carles Puigdemont contra el Tribunal Constitucional”.
Otra cosa, afirma, “es el de la reacción que se va a producir en Cataluña. Torra está calentando el ambiente y haciendo un llamamiento a la insumisión civil. Habrá que ver el número de ciudadanos que se lancen a las calles a protestar”. En este sentido, asegura que en los círculos diplomáticos “preocupan las posibles acciones de los CDR, que el embajador califica de "kale borroka" y que “cuentan con el respaldo de Torra. Habrá que ver la reacción de los Mossos d’Esquadra, sobre todo en los previsibles casos de violencia: si los combaten, los toleran o los protegen”.
Reproches a la delegada del Govern en la UE
La violencia de los CDR encarcelados por un presuntos delito de terrorismo fue debatida en un acto jurídico organizado recientemente en Bruselas por la delegada del Govern ante la UE, Meritxell Serret. El objetivo era “examinar” el juicio a los líderes independentistas catalanes y “el conflicto entre Cataluña y el Estado español”. Intervinieron el abogado Olivier Peter, que representa a Jordi Cuixart y Anna Gabriel ante los tribunales europeos, quien mantuvo un diálogo con el académico belga Vicent Scheltiens.
Varios asistentes interpelaron a Serret sobre la tolerancia que Torra ha tenido con los detenidos. La embajadora echó balones fuera. Dijo que no había acudido a esa jornadas para hablar de ese asunto y que varios dirigentes del Ejecutivo catalán habían subrayado el carácter no violento del movimiento independentista. En otros foros internacionales, el enfoque sobre el conflicto independentista ha dado un vuelco pues de la “represión” de los impulsores del procés se ha pasado a debatir la vulneración de derechos humanos de los ciudadanos no independentistas.
Vulneración de los derechos de los no independentistas
Helena Torroja Mateu, profesora agregada de Derecho Internacional Público de la Universidad de Barcelona (UB), fue la única ponente española en la Conferencia Anual de la Sociedad Europea de Derecho Internacional celebrada en Atenas (Grecia) los pasados días 12 a 14 de septiembre. Se trata de uno de los foros jurídicos internacionales más prestigiosos del mundo y congregó a 90 oradores de 30 países, entre ellos jueces de la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal del Derecho del Mar, la Corte Penal Internacional y de otros órganos de Naciones Unidas, jueces de cortes supremas nacionales y directores jurídicos de ministerios de Relaciones Exteriores y Organismos Internacionales.
“Cuando una parte de la población de una democracia liberal, como España, reclama y exige el derecho a la autodeterminación contra su Constitución, supone una violación de los derechos humanos fundamentales de toda la población de ese Estado, incluidas las personas que no quieren la secesión en el territorio en cuestión. Cualquiera que haga afirmaciones tan erróneas en el contexto de un Estado miembro de la UE no respeta el Estado de Derecho. Exhibe errores importantes en su método científico, y está bajo la influencia, desinteresada o no, de las fuerzas secesionistas”, expuso Torroja.