Los abogados de Puigdemont admiten que Cataluña no tiene derecho de autodeterminación

La batalla judicial que libra Carles Puigdemont a nivel europeo ha obligado a sus abogados a replantear algunos de los argumentos que, en Cataluña, el nacionalismo siempre ha dado por descontado. Uno de ellos es el supuesto “derecho de autodeterminación” al que se apela recurrentemente, pero que la defensa del expresident es conciente de que no tiene recorrido posible a nivel jurídico.

El letrado estrella del equipo de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha sido el primero en reconocer que la estrategia judicial --que no política-- debe olvidarse de este derecho porque se aplica en situaciones muy limitadas, como en los territorios coloniales o en países que han estado sometidos a una vulneración flagrante de los derechos fundamentales.

Derecho de las minorías nacionales

Con el fin que prospere judicialmente, Boye ha elaborado un nuevo planteamiento que pasa por apelar al “derecho de las minorías nacionales”, que existe en varios territorios con diversidad cultural e idiomática, como es el caso de España.

A su entender, según ha explicado en varios artículos, la ausencia de Puigdemont, Comín o Ponsatí en el Parlamento Europeo tras haber salido elegidos por sufragio popular en las elecciones europeas del 26 de mayo atenta contra el derecho a la participación y representación política. El hecho de que una parte notable de la ciudadanía catalana no pueda tener como representantes a aquellos a los que ha otorgado su voto puede ser, a su juicio, un hecho que atenta contra una minoría.

¿Qué posibilidades tiene?

El profesor de Filosofía del Derecho en la Universitat Pompeu Fabra (UPF), José L. Martí, considera a instancias de Crónica Global que “no es un argumento válido”: “La mayoría de teorías liberales, republicanas, o neoliberales no creen que el hecho de que una minoría sea nacional le dé ningún derecho especial. Las minorías sí deben estar protegidas, todas. Pero las minorías nacionales no deben tener protección especial”.

En su opinión dicha "teoría" es de dudosa aplicación en Cataluña. “Los catalanes no están discriminados, dentro del conjunto de España, por ser catalanes. No tienen menos derechos que el resto de comunidades, ni sufren una discriminación especial”.

Defensa de Puigdemont

Por su parte, Boye recurre en sus artículos e intervenciones públicas al Tratado de la Unión Europea que establece en el artículo 2 que la “Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres”.

A su juicio, este derecho no es “una simple declaración de principios”, sino un hilo conductor que ha de servir, además, “como norma que ayude a interpretar el resto de las leyes europeas”, porque la finalidad de la UE es la de “promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos”, esgrime en un artículo en El Nacional.

Derecho a la secesión

El profesor de la UPF, no obstante, insiste en que “no reconocer el derecho de secesión o el de convocar un referéndum no es una forma de discriminación” si se atiene a la “interpretación más extendida y dominante de los derechos fundamentales”. En la misma línea, el primero de los abogados que confirmó que el derecho de autodeterminación no se aplicaba en Cataluña fue el abogado de Joaquim Forn, Xavier Melero, que sostuvo que la región no cumplía los requisitos para ostentar ese derecho.

Ahora el equipo de Puigdemont deberá de diseñar bien su estrategia para identificar los casos que considera que España puede haber atentado contra los derechos de sus minorías, más allá de la negación a celebrar un referéndum. Su principal argumento es, de momento, el de la falta de representación que se ejerce sobre sus líderes políticos al no poder representar en las instituciones españolas y europeas a sus votantes. Pero todo apunta a que será un nuevo capítulo de la parte del procés que se libra en el campo judicial.