El Supremo se inclina por la sedición con penas de hasta 15 años de cárcel para los cabecillas

El hermetismo con el que los siete magistrados de la Sala Segunda del lo Penal en el Tribunal Supremo han llevado las deliberaciones de la sentencia es absoluto. Pero el tiempo apremia y la redacción casi integral del fallo judicial ya ha llegado y, con ella, las primeras filtraciones que quería evitar el juez Manuel Marchena.

Todo apunta que este lunes a primera hora se conocerán las condenas por sedición y malversación a los procesados, como son Oriol Junqueras y el resto de exconsellers en prisión preventiva, los activistas Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. Sobre los tres exconsellers en libertad --Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs-- recaerá una condena por desobediencia, que comporta únicamente sanción de multa y la inhabilitación para ejercer un cargo público.

Unanimidad

El presidente del tribunal ha buscado la unanimidad de los magistrados de la Sala de lo Penal y esta pasa por asumir la tesis de sedición, y no la de rebelión que pedía la Fiscalía. Esto significa penas más leves, de entre 8 y 15 años de cárcel, y la aceptación de que hubo violencia, pero no la suficiente como para tipificarla como un intento de socabar el orden constitucional, sino solo de atentar contra el orden público; tesis que defendía la Abogacía del Estado. 

También supone que el fallo tampoco contemplará grados menores del delito de rebelión, como la conspiración para la rebelión. Y que se asume que entre los planes del Govern cesado nunca figuró la intención de usar la violencia para lograr la implantación de un nuevo Estado independiente de España. 

Notificación en Lledoners

La notificación de la condena se hará de forma personal en las cárceles catalanas donde se encuentran los procesados. Según ha avanzado La Vanguardia, se podría conocer a primera hora del próximo lunes, antes de finalizar el plazo de dos años de prisión preventiva de Cuixart y Sánchez, que este miércoles 16 de octubre cumplirán el tiempo máximo que contempla la ley. 

A los años de privación de libertad que se les aplique a los nueve acusados, se deberá restar el tiempo que llevan en su situación de prisión preventiva y tendrán la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Constitucional y, posteriormente, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

El 20 y 21 de septiembre

El juicio tuvo como epiosdio central las protestas ante el Departamento de Economía del 20 y 21 de septiembre de 2017. Ese momento es clave para sostener la condena por sedición acordada por los siete magistrados del tribunal responsable de juzgar la causa del procés.

El artículo 544 del Código Penal afirma que “son reos de sedición los que se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”. Los que se consideran principales responsables sin ser autoridades serán castigados con penas de entre 8 y 10 años de cárcel, que sería el caso de los Jordis. Pero para los que ostentaban cargo de autoridad política la pena será de 10 a 15 años según determina la ley penal, además de la inhabilitación absoluta para cargo público durante toda la condena.