Sintonía. Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos d'Esquadra han exhibido complicidad a las puertas de la sentencia del procés, que podría derivar en problemas de orden público en Cataluña en los próximos días si es condenatoria. El Día del Santo Ángel de la Guardia, patrón del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), ha reunido hoy lunes a representantes del Gobierno, el Departamento catalán de Interior y de las tres fuerzas públicas en el Auditorio Fòrum - CCIB de Barcelona.
Para el Ejecutivo ha tomado la palabra Teresa Cunillera, delegada en Cataluña, quien ha resaltado la necesidad de ahondar en la colaboración policial ante los retos presentes y futuros en materia de seguridad en Cataluña. Sus palabras las han escuchado los principales cargos de la Consejería catalana de Interior --salvo Miquel Buch, que ha delegado en Brauli Duart, secretario general de Interior y en Pere Ferrer Sastre, nuevo director de los Mossos-- y de la policía autonómica. Como máximo representante del cuerpo ha acudido Eduard Sallent, jefe de los Mossos desde junio de este año.
Caras nuevas
En efecto, el patio de butacas del Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB) presentaba varias caras nuevas desde la última ocasión en que se celebró el acto oficial. Si bien Cunillera se estrenó el pasado ejercicio como rostro del Gobierno en el Día del Ángel de la Guardia en Barcelona, los representantes del Govern y de la policía regional han cambiado. Brauli Duart, el polémico secretario general de Interior, ya estaba en el cargo en 2018. No presentaba sus actuales credenciales Pere Ferrer, que sustituyó al anterior director general de los Mossos el 30 de septiembre, a escasos días de que el cuerpo lidie con posibles algaradas callejeras si el fallo del macrojuicio del procés no es absolutorio.
También se han estrenado hoy Eduard Sallent, el jefe de los Mossos d'Esquadra, quien tomó el cargo de Miquel Esquius, que ha pasado a la región pirenaica del cuerpo de seguridad por decisión propia. Bajo la batuta de Sallent se han acometido reformas en la fuerza pública y se han bloqueado también controvertidas decisiones, como el relevo pedido por el president Quim Torra del jefe de la Brigada Móvil (Brimo), Xavier Pastor.
A las puertas de la sentencia
La normalidad institucional --salvo por la ausencia de miembros del consejo ejecutivo del Govern, que ya se dieron en anteriores ocasiones-- se ha producido en plena calma antes de una posible tormenta si el fallo del macrojuicio por el desafío independentista de 2017 no gusta a los secesionistas. Éstos ya han presentado plataformas para responder a la sentencia del procés en el Tribunal Supremo si ésta no absuelve a los encausados, como la autodenominada Tsunami Democràtic.
En paralelo a ello, siete miembros de los llamados Comités de Defensa de la República (CDR) permanecen en prisión provisional acusados de terrorismo y tenencia de material explosivo. Habrían diseñado, creen la Fiscalía y la Guardia Civil y admite el juez, una estrategia para desplegar violencia en ocasión del segundo aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y, precisamente, la notificación de la sentencia a los cargos públicos que lo organizaron, primero, y declararon la independencia unilateral fallida, después.