Los miembros de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) arrestados por la Guardia Civil pertenecerían al núcleo más radical de estos grupos independentistas. Y como tales, habrían creado una nueva formación denominada Equipos de Respuesta Táctica (ERT) cuya función sería conseguir la independencia a cualquier coste. Incluida la actividad violenta.
Esta información se encuentra incluida en la investigación contra los nueve CDR detenidos en la Operación Judas y habría convencido al juez Manuel García-Castellón para decretar la prisión provisional de todos ellos, según las informaciones de El Confidencial.
'Semilla' de agrupación terrorista
El magistrado considera que las pruebas aportadas cuentan con entidad suficiente para sostener los cargos de pertenencia a una organización terrorista, tenencia de explosivos con fines terroristas y conspiración para la comisión de estragos. Una de las razones que sustentan esta decisión judicial es la organización interna del propio ERT, que funciona de forma "jerarquizada", según las investigaciones policiales. Lo que podría indicar su pertenencia a una red y estrategia mayor.
La recavación de datos que ha realizado la Guardia Civil durante un año y medio indica que cada miembro de este ERT contaba con una tarea de la que era responsable. La información trasladada al juez le da razones para sostener que se trata de un "organización con capacidad suficiente como para llevar a cabo tácticas y maniobras con un alto nivel de profesionalización". Ello, unido a la tenencia de materiales que pueden ser utilizados para la creación de artefactos y explosivos caseros, sustentan que la violencia era una de las vías que llegarían a utilizar estas personas a fin de "lograr la materialización de la república catalana", según García-Castellón.
Sin posibilidad de salir de la cárcel
El juez considera probada la gravedad de los actos futuros de la supuesta organización terrorista y, por ello, ha decidido que los acusados esperen a juicio en prisión provisional incondicional. Esta medida supone que los CDR no podrán salir de la cárcel mediante el pago de una fianza o a través de cualquier medida cautelar.