Lo que Puigdemont tapa en la Diputación de Barcelona

La Diputación de Barcelona, objeto de deseo de todos los partidos catalanes –no en vano gestiona casi 1.000 millones de euros financiados en su mayoría por el Gobierno español--, ha demostrado que en política no existen los cordones sanitarios. Junts per Catalunya ha optado por un pacto con el PSC para reforzar el sector de PDeCAT contra Carles Puigdemont y Quim Torra. Curiosamente, ni el fugado de Waterloo ni su sucesor en la presidencia de la Generalitat han hecho declaraciones al respecto, más allá de encabezar el gabinete de crisis celebrado el pasado sábado en Ginebra, como avanzó Crónica Global, para intentar reunificar el mundo independentista. De momento, sin éxito.

Torra tuvo una postura proactiva durante la constitución de los ayuntamientos hasta el punto de obligar a la alcaldesa de Santa Coloma de Farners (Girona) a deshacer su acuerdo de gobierno con el PSC y pactar con ERC. Puigdemont participó ayer de forma virtual en la reunión de JxCat para analizar la crisis con los republicanos. Pero nada más.

Operación policial contra el desvío de dinero

Hay una razón para ello: la Diputación de Barcelona se ha convertido en un terreno pantanoso para los neoconvergentes, que ahora confían en su pacto con los socialistas para poner sordina a esas cuestiones espinosas.

El diputado de Junts per Catalunya Francesc Dalmases y Víctor Terradellas, presidente y fundador de la Fundació CATmón, investigados por las subvenciones de la Diputación de Barcelona / CG

La más polémica fue heredada del mandato de Salvador Esteve y consiste en el desvío de subvenciones destinadas a las ayudas al tercer mundo. Por este caso, Esteve fue detenido y la sede de Rambla Catalunya, registrada por la Policía Nacional en mayo de 2018. Uno de los investigados es el diputado de JxCAT, Francesc Dalmases, que firma parte del núcleo duro de Puigdemont.

Y es que, desde 2011, los herederos de CDC, así como su red clientelar, han sacado tajada de las ayudas que concede este ente supramunicipal. “Junts debe impedir que ERC y PSC revuelvan los cajones y afloren los sustanciosos pagos efectuados a medios afines”, explica a este medio un cargo de la Diputación.

Contratos de publicidad de la XAL, red audiovisual de la Diputación de Barcelona, en el segundo trimestre de 2016 / PORTAL DE LA TRANSPARENCIA

Marc Castells (PDeCAT) cerró mandato con todo atado y bien atado en materia de subvenciones mediáticas. El ente supramunicipal  adjudicó poco antes de las elecciones del 26 de mayo contratos de suscripción con un total de 218 editoriales, asociaciones y agencias por un valor total de 1.450.659 euros, siendo siendo Ara (107.380) y La Vanguardia (104.620) los más beneficiados junto a Sàpiens (44.604), que regala los cuentos infantiles escritos por Oriol Junqueras en la cárcel.

Ayudas a medios de comunicación

Asimismo, la Diputación de Barcelona gastó 219.844 euros anuales en comprar ejemplares de La Vanguardia, El Punt Avui y Ara que distribuye en los casales de la tercera edad de la provincia. Así consta en el decreto de contratación aprobado a finales de 2017.

El nuevo gobierno supramunicipal heredará unos presupuestos en el que se suprimen las partidas destinadas a las guarderías y se recorta en ayudas al empleo local, pero sube el presupuesto en publicidad y en su red de televisiones, en la que trabaja la esposa del expresidente.

Marcela Topor junto a su esposo, el expresidente Carles Puigdemont / CG

Una de las partidas que experimentó más subida es la Xarxa Audiovisual Local (XAL), la red de televisión y radios locales dependientes del ente supramunicipal. El presupuesto de la XAL, con un perfil ideológico muy afín a las posturas del nacionalismo, ha subido un 18% durante estos cuatro años al pasar de los 19,25 millones a 22,7 millones. Marcela Topor, esposa de Puigdemont, está al frente de un programa en inglés en la red audiovisual de la Diputación de Barcelona que se emite los sábados en las televisiones locales. Se trata de The Weekly Mag, por el que Topor cobra la friolera de 6.000 euros al mes. 

El Nacional.cat, el más beneficiado

A través de la XAL también se han financiado varios medios digitales que, entre 2016 y 2017, recibieron un total de 1.156.800 euros, siendo El Nacional, que dirige Josep Antich, uno de los más agraciados, con 418.000 euros repartidos en cuatro contratos publicitarios. El diario Ara cobró 184.000, Nació Digital un total de 130.000 euros y El món 40.800 euros.

Sobre los contratos de Topor, la Diputación informa con cuentagotas, algo extensivo a todos los contratos de la XAL. Los últimos datos del portal de la transparencia se remontan al primer trimestre de 2018. Pero los concursos existen, algunos de ellos son sustanciosos y se puede acceder a ellos a riesgo de perderse en Internet.

Conflicto laboral en la XAL

Por ejemplo, en febrero de este año se adjudicó a Auren Abogados y Asesores Fiscales un contrato por valor de 200.000 euros para servicios de asesoramiento económico, financiero, fiscal y contable de la XAL. Y el pasado 6 de junio, salió a concurso un servicio de asesoramiento jurídico en el ámbito laboral por valor de 196.000 euros. Entre sus objetivos figura la asistencia letrada a las demandas y los procedimientos judiciales del ámbito laboral, actos de conciliación y citas de la Inspección de Trabajo; participación en procesos negociadores de cualquier tipo y, en especial, en la negociación colectiva. Se da la circunstancia de que el pasado mes de enero, el Comité de Empresa y el Consejo Profesional de la red pidieron la dimisión de Francesc Pena, consejero delegado de la XAL, identificado con la vieja guardia convergente --es íntimo amigo del exconsejero de Presidencia Francesc Homs--, por su “menosprecio profesional, laboral y personal” hacia los trabajadores.

Y si opacos son los gastos de la XAL, igualmente oscuro está siendo el proceso de designación de Roger Marcet, jubilado desde junio de 2018, al frente del Museu Marítim, que gestiona la Diputación. El proceso de nombramiento a dedo fue investigado por la Oficina Antifraude de Barcelona --que no vio delito, pero dio una serie de instrucciones para garantizar la transparencia del proceso-- y provocó duras críticas del sector museístico.